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La agencia encargada de los Archivos Nacionales en Estados Unidos fue el escenario hace casi dos decenios de la película “National Treasure”, en la que el personaje interpretado por Nicolas Cage trata de robarse la Declaración de Independencia. Ha sido desde hace mucho tiempo uno de los destinos turísticos más visitados en la capital del país, pero Archivos Nacionales y Administración de Documentos nunca se había visto implicada en una investigación penal sobre un expresidente, hasta ahora.
Eso es justamente lo que ha pasado ahora, luego de que la agencia le enviara una notificación al FBI en la que aseguraba que 15 cajas recuperadas en enero de la finca del expresidente Donald Trump en Florida, contenían decenas de documentos con información clasificada.
“No creo que Donald Trump haya politizado los Archivos Nacionales”, opinó Tim Naftali, primer director de la Biblioteca y Museo Presidencial Richard Nixon. “Pienso que Donald Trump cruzó rayas a las que los servidores públicos tuvieron que responder”.
Esos empleados del gobierno regularmente operaban lejos de la vista pública, tras la fachada de mármol del edificio de los Archivos en el centro de Washington. Es allí, más allá de los libretos de Hollywood, donde reside un componente crucial de la burocracia federal, con decenas de empleados trabajando como custodios de la historia estadounidense, preservando documentos que van de lo mundano a lo monumental.
A continuación, una mirada a los Archivos Nacionales, su historia y cómo fueron a parar al ojo de un torbellino político.
UNA COLECCIÓN ENORME
La misión de los Archivos Nacionales, fundados por el Congreso en 1934, suena clara: guardián de los documentos de la nación. Es una tarea colosal que ha crecido y se ha vuelto más compleja con el tiempo.
Aunque los Archivos salvaguardan documentos nacionales preciosos como la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos, eso es apenas el rostro público de su vasta colección, que abarca 13 mil millones de páginas de texto y 10 millones de mapas, gráficos y dibujos, además de decenas de millones de fotografías, películas y otros documentos.
Además de su trabajo en Washington, los Archivos supervisan 13 bibliotecas presidenciales y 14 archivos regionales en todo el país.
ARCHIVISTA DE UNA NACIÓN
El llamado archivista de Estados Unidos es responsable de dirigir la agencia. Su último jefe confirmado por el Senado fue David Ferriero, que dejó el puesto en abril luego de 12 años bajo tres presidentes.
En una entrevista con el Washington Post en abril, Ferriero recordó cómo observó el 6 de enero de 2021 desde las ventanas del edificio de los Archivos la manera en que una muchedumbre de partidarios de Trump marchaba antes de asaltar el Capitolio. Dijo que fue el peor día de su vida.
Más de un año después decidió retirarse, en parte por temores sobre la trayectoria política del país.
“Es importante para mí que este gobierno me reemplace”, dijo al Post. “Me preocupa lo que va a suceder en 2024. No quiero dejarlo a… los factores desconocidos de la elección presidencial”.
Su segunda al mando, Debra Steidel Wall, sirve ahora como archivista interina mientras la nominada del presidente Joe Biden, Colleen Joy Shogan, espera su confirmación en el Senado este otoño. El archivista sirve en el puesto hasta que decide retirarse.
“NO EXISTEN LOS RECUERDOS”
Los Archivos sirven como destino final del trabajo de cada gobierno en la Casa Blanca.
Tras el escándalo de Watergate y la renuncia de Richard Nixon, el Congreso aprobó una ley en 1978 para garantizar que todos los documentos presidenciales —escritos, electrónicos, creados por el presidente, el vicepresidente y cualquier otro miembro de la rama ejecutiva en capacidad oficial— sean preservados y entregados a los Archivos al final de una administración. La ley indica que los documentos de un presidente no son suyos, sino propiedad del gobierno federal y como tales deben ser tratados.
Cuando comienza una nueva administración, el personal de la Casa Blanca recibe un folleto sobre la ley e instrucciones detalladas de cómo preservar los documentos. Los requerimientos cubren una vasta gama de cosas, incluso regalos y cartas de líderes extranjeros. “No existen los recuerdos”, afirmó Lee White, director ejecutivo de la Coalición Nacional para la Historia.
Además, la ley requiere que incluso cuando ocupan sus cargos, el presidente y cualquier miembro de su gobierno deben pedir consejo del archivista antes de destruir cualquier documento, algo que Trump y sus colaboradores ignoraron reiteradamente en sus cuatro años en la Casa Banca.
“Todo lo que él escriba es esencialmente un documento presidencial. No es de su propiedad”, agregó White. “Es algo muy básico para todo el concepto de por qué fue promulgada la Ley de Documentos Presidenciales”.
“Al mediodía del Día de la Toma de Posesión, la custodia pasa al archivista. Punto. No hay quizás. Es la ley”, aseveró.
UNA DECISIÓN SIN PRECEDENTES
Las reglas de la Ley de Documentos Presidenciales son centrales en la investigación del FBI sobre Trump.
Cuando Trump dejó el cargo, los Archivos descubrieron que varios documentos de la Casa Blanca durante su gestión habían desaparecido. Lo que siguió fue un año de intercambios entre el equipo de abogados de los Archivos y los de Trump que resultó en la devolución voluntaria de 15 cajas de documentos presidenciales. Al abrir las cajas, la agencia descubrió que 14 de ellas contenían información y documentos clasificados.
Reconociendo la existencia potencial de un delito, la agencia tomó la decisión sin precedentes de referir el asunto al Departamento de Justicia. Eso culminó en el allanamiento de la residencia Mar-a-Lago de Trump en agosto. Los agentes del FBI recuperaron más de 100 documentos secretos, incluso algunos que habían sido guardados en la oficina del expresidente entre cosas personales.
Desde el allanamiento del 8 de agosto, los Archivos (NARA, por sus siglas en inglés) y sus empleados se han visto bombardeados con amenazas y acusaciones. La archivista interina apuntó en un correo electrónico al personal de la agencia que su misión no es partidista y los llamó a mantenerse resueltos en su tarea.
“Los Archivos Nacionales han sido el foco de un escrutinio intenso desde hace meses, especialmente esta semana, con muchas personas atribuyendo motivaciones políticas a nuestras acciones”, escribió Wall en una carta el 24 de agosto.
“NARA ha recibido mensajes de la gente, acusándonos de corrupción y de conspirar contra el expresidente o felicitándonos por ‘derrocarlo’”.
“Ninguno de los dos conceptos es cierto ni bien recibido”, agregó.
Wall ha trabajado durante más de tres décadas en los NARA, comenzando como aprendiz y luego avanzando hasta llegar a segunda al mando. En su carta dijo que, pese a la tormenta política alrededor de la agencia, el personal debe seguir trabajando “sin favores ni temores, al servicio de nuestra democracia”.
¿UNA BATALLA PARA LA CONFIRMACIÓN DEL ARCHIVISTA?
Cinco días antes del allanamiento en Mar-a-Lago, Bien anunció la nominación como archivista de Shogan, una ejecutiva de la Asociación Histórica de la Casa Blanca y quien antes pasó 10 años en la Biblioteca del Congreso.
Los nominados al puesto usualmente son confirmados sin controversia ni alharaca, pero es improbable que eso ocurra esta vez.
Shogan se enfrenta a un proceso de confirmación complicado, con los republicanos exigiendo respuestas sobre la investigación del Departamento de Justicia y el papel de los Archivos en facilitarla. Una audiencia de confirmación en el otoño no ha sido programada aún, pero pudiera terminar siendo inusualmente contenciosa.
Los republicanos en ambas cámaras del Congreso han presionado para obtener más información sobre cómo los Archivos tomaron la decisión de referir el caso de Trump a los investigadores federales.
El representante James Comer, el republicano de mayor rango en la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la cámara baja, envió una carta el jueves en la que demandó que el monitor de los NARA entreguen los documentos y comunicaciones sobre el caso.
“La transparencia es especialmente importante en la era posterior a la pandemia, cuando los estadounidenses no tienen confianza en nuestras instituciones”, escribió.
Hasta ahora, los Archivos Nacionales han rechazado los pedidos de demócratas y republicanos en las comisiones que supervisan la agencia, refiriéndolos al Departamento de Justicia, donde se desarrolla la investigación.
