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La Policía de Sri Lanka dio este miércoles un ultimátum de dos días a los manifestantes que protestan desde hace meses contra la gestión política de la grave crisis económica que sufre el país, para desalojar una acampada en Colombo que ha sido el epicentro del movimiento.
El campamento, ubicado en el parque Galle de la capital esrilanquesa, deberá ser evacuado antes del próximo viernes a las cinco de la tarde, hora local, afirmó la Policía en un comunicado y de viva voz a los manifestantes todavía concentrados en la zona.
"Actuar conforme a la ley y no obstaculicéis al público", advirtieron las fuerzas de seguridad, que amenazaron con consecuencias legales para los que desafíen la orden mientras se suceden las detenciones de manifestantes.
El anuncio policial llega después de que el recientemente designado presidente, Ranil Wickremesinghe, advirtiese hoy durante una intervención ante el Parlamento de que no tolerará la violencia en el país al tiempo que se comprometió a respetar los derechos de los manifestantes.
"La lucha pacífica es un derecho fundamental. Acepto esos derechos (...) Protegeré la no violencia y la democracia", aseguró el mandatario que desde su ascenso al poder declaró un estado de emergencia que endureció las medidas sobre las manifestaciones callejeras.
Sri Lanka afronta la peor crisis económica de su historia, entrampada en un gran endeudamiento y sin liquidez para adquirir bienes esenciales como medicamentos, combustible, alimentos, o gas.
La nación insular retomó la semana pasada las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un préstamo con el que capear la crisis.
Wickremesinghe fue elegido con el voto del Parlamento hace exactamente dos semanas, después de que la desesperación de buena parte de la población por el crónico deterioro de la nación provocara la renuncia de su predecesor, el expresidente Gotabaya Rajapaksa.
Esta dimisión estuvo precipitada por la toma el pasado 9 de julio de varias instituciones oficiales, entre ellas el palacio presidencial, por parte de los manifestantes.
El mandatario se enfrenta a críticas por la violenta operación de las fuerzas de seguridad para desalojar a los que aun permanecían en el interior de la entonces ocupada secretaría presidencial, a pesar de que los manifestantes se habían comprometido a entregar el edificio.
