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El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele pidió al Congreso que apruebe una séptima prórroga del estado de emergencia para seguir combatiendo a las pandillas, pese a las críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos que han denunciado detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso durante la aplicación de ese régimen.
“Esto no es más que captar las necesidades o el requerimiento que nos hacen los millones de salvadoreños”, expresó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al justificar la nueva prórroga.
Destacó que la medida ha permitido capturar más de 55.000 pandilleros, así como armas, vehículos, droga, celulares y 1,2 millones de dólares.
Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
El régimen se extendió por última vez el 14 de septiembre con vencimiento el 18 de octubre, y las autoridades adelantaron que seguirán pidiendo más prorrogas hasta sacar de las calles al último de los pandilleros.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades. La ONG Cristosal informó que en seis meses de régimen de excepción registraron 2.775 denuncias sobre detenciones arbitrarias y 80 fallecidos cuando se encontraban bajo custodia del Estado. Cristosal también advirtió que las reformas penales promovidas por el gobierno buscan un régimen de excepción permanente.
