Informa Coneval sobre diagnóstico para conocer cómo avanzan las entidades federativas en la normatividad e implementación de elementos de monitoreo y evaluación.
Coahuila obtuvo un puntaje de 84.3 en el índice de monitoreo y evaluación del Coneval, ubicándose como la quinta entidad más baja, mientras que Durango alcanzó 89.8. El promedio nacional fue de 89.
Desde 2011, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) realiza un diagnóstico para conocer cómo avanzan las entidades federativas en la normatividad e implementación de elementos de monitoreo y evaluación. Para este análisis, se estudia tanto el aspecto normativo, el cual busca conocer el desarrollo de la normativa que regula los instrumentos de monitoreo y evaluación, como la implementación de estos instrumentos. Estos dos aspectos se analizan en 9 temáticas diferentes y se sintetizan en un Índice que permite medir el avance.
En 2021, 15 entidades federativas obtuvieron un puntaje mayor a 90% en el Índice del Avance en Monitoreo y Evaluación, lo que da cuenta del avance en la publicación de la información sobre programas sociales, así como de indicadores, evaluaciones y esquemas de seguimiento a resultados que son base para la construcción de un sistema de monitoreo y evaluación.
En contraste, Coahuila, Sinaloa, Michoacán, Chiapas y Baja California Sur fueron los estados que en 2021 obtuvieron los menores puntajes en este índice.
COMPONENTE NORMATIVO
En 2011, las entidades contaron, en promedio, con 42.9% del componente normativo y 45.9% del práctico. Para 2019, el promedio del componente normativo subió a 86% y el del componente práctico a 79.7%; mientras que en 2021 su promedio fue 89.8% en el normativo y 88.2% en el práctico.
Entre 2019 y 2021, 20 entidades incrementaron su puntaje en el componente normativo. El incremento se explica por la emisión y la mejora en la normativa sobre los criterios para crear programas de desarrollo social estatales. Mientras que 26 entidades incrementaron su puntaje en el componente práctico. Dicho incremento se explica, principalmente, por la elaboración y publicación de estudios, diagnósticos e investigaciones en materia de desarrollo social.
A MEJORAR, PADRÓN DE BENEFICIARIOS
Entre los principales retos, el Coneval indicó que el elemento de análisis con mayor área de mejora es el del padrón de beneficiarios. Aunque todas las entidades cuentan con normativa sobre la elaboración de padrones, todavía hay entidades que no publican sus padrones de beneficiarios, o la información publicada está incompleta o desactualizada.
La utilización de herramientas con formatos diferentes en cada una de las dependencias, es decir, la ausencia de un modelo homogéneo dificulta integrar o comparar los resultados de una con otra. Adicionalmente, se encontró que hay información grabada en archivos escaneados o en formatos PDF, no en formatos de datos abiertos, lo dificulta que los usuarios puedan acceder a la información.
En ocasiones los sistemas digitales de información están organizados por dependencia, con información sobre el monitoreo de los indicadores y los procesos de evaluación y seguimiento de resultados separados. Esto limita la retroalimentación y complementariedad entre estos dos instrumentos.
En estos casos es importante la comunicación entre los entes que generan información al interior del estado, mediante la generación de sistemas informáticos que permitan contar con información de calidad, homologada, oportuna y actualizada para retroalimentar las otras etapas del proceso de políticas públicas.
SIN GARANTÍA DE CONTINUIDAD
Un reto importante que enfrentan los sistemas de evaluación locales es la perdurabilidad de estas prácticas, aspecto que se pone en riesgo durante los cambios de las administraciones públicas locales, debido a que el cambio no necesariamente garantiza la continuidad de los esfuerzos y herramientas que se han desarrollado en monitoreo y evaluación por parte de la administración saliente.
Otro desafío en común es el del uso efectivo de la información generada por el monitoreo y la evaluación. Esta información debe ser utilizada por los actores relevantes de los poderes ejecutivos y legislativos estatales para una toma de decisiones orientada a resultados.
