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Coahuila no representa ni el uno por ciento en el presupuesto de inversión de obra publica federal, mientras que Campeche y Tabasco se llevan casi el 60 por ciento de los recursos.
De acuerdo un estudio publicado en El Observador, órgano informativo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el Producto Interno Bruto (PIB) generado por este giro empresarial representa para México el 7.3%, mientras que en la portación de empleo alcanza el 8.7% del total de los trabajos formales.
El documento señala que la producción de la industria de la construcción en diciembre de 2017 fue de 2.0 7 billones de pesos, en marzo de 2019 fue de 2.03, en marzo del 2020 bajó a 1.85 y para marzo del presente año se mantuvo igual, con este margen, el más bajo en los últimos cinco años.
Otro dato importante presentado en este estudio es que la inflación anualizada acumulada general actualmente es de 7.7 por ciento, pero la inflación en la industria de la construcción subió al 16.3 por ciento.
La inversión en obra pública federal para trabajos de infraestructura se distribuye de manera desigual, con un 34.5 por ciento para Campeche, 27.7 para Tabasco, 8.2 por ciento para la Ciudad de México, 5.4 para Veracruz, 3.8 para Oaxaca, 2.9 para Chiapas, 1.5 para Guerrero y un 1 % se reparte en los 20 estados restantes, entre los que se encuentra Coahuila.
El estudio muestra que la inversión fija bruta en construcción anualizada, en octubre de 2012 fue de 3.97 billones de pesos, en marzo de 2020 fue de 3.48 billones, en mayo del mismo año cayó dos.37 billones y en febrero de 2022 tuvo una pequeña recuperación y subió a 2.96 billones, manteniéndose por debajo de los casi cuatro obtenidos en octubre de 2012.
En cuanto a la confianza empresarial el índice muestra que de 2018 a la fecha no ha alcanzado el nivel de 50, quedándose en 2018 en 31.6 y en 2019 en 28.8 para caer en 2020 a 9.2 y crecer en 2021 26.2 mientras que en 2022 incrementó a 29.4.
El estudio destaca el comparativo de inflación acumulada general de 7.7 global IDE 16.3 para el sector de la construcción.
El estudio concluye con las propuestas de aumentar el presupuesto público en infraestructura y mejorar su distribución geográfica; reformar la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para incluir como obligatorios los anticipos y el factoraje: cadenas productivas.
También propone eliminar los vacíos legales en las reformas en materia de subcontratación laboral, también conocida como Outsorcing.
Señala la necesidad de fortalecer la planeación de la construcción de infraestructura, para que cuente con un horizonte a largo plazo.
Propone finalmente firmar un convenio de colaboración entre la cámara de la construcción y la cámara de diputados de la Federación.
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El presupuesto del municipio se ha ido reduciendo en los últimos años
