Se trata de un mecanismo de rendición de cuentas con posibilidad de que sean cuestionados sobre temas específicos. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Este martes inició el mecanismo de rendición de cuentas de los titulares de los organismos autónomos, con la comparecencia del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.
El acuerdo presentado por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política permitió desglosar las fechas y horarios en los que comparecerán los titulares del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas (Inevap) y Tribunal de Justicia Administrativa, para ser cuestionados por los diputados locales.
Posteriormente, el miércoles 23 de febrero a las 11:00 horas corresponderá a Emiliano Hernández Camargo, consejero Presidente del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas; mientras que a las 12:30 horas será turno de la Comisionada Presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (Idaip), Luz María Mariscal.
Durante la sesión ordinaria, los servidores podrán exponer los avances y logros del organismo a su cargo hasta por 30 minutos y al término de su presentación los diputados locales tendrán la posibilidad de cuestionarlos a través de una ronda de preguntas.
El orden de formulación de las preguntas se realizará en primer término por las representaciones del Partido Verde Ecologista de México, seguida del Partido del Trabajo; luego la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática; seguido de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Morena y Partido Revolucionario Institucional.
Durante la comparecencia de Gerardo Antonio Gallegos Isais, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, dijo que el Sistema Local Anticorrupción es un esquema que sigue consolidándose, pero la materia de corrupción tiene dos vertientes, la penal y la administrativa; aunque hay conductas que pueden ser coincidentes. En este sentido, dijo que el Tribunal determina las sanciones de tipo administrativo.
Detalló que los recursos que se invierten en la difusión de las labores y responsabilidades del Tribunal "es muy poco", pues el presupuesto se enfoca en la administración de justicia, pues tan solo durante el año 2021 la eficacia de las resoluciones del organismo derivaron en el 75 de causas a favor del ciudadano.
Las autoridades mayormente demandadas fueron la Dirección Municipal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, Aguas del Municipio y el Juzgado Cívico Municipal.
Mientras que el promedio de no concesión de amparo oscila apenas entre el dos y tres por ciento; esto significa que la mayoría de las sentencias que dicta el Tribunal de Justicia Administrativa se sostiene. Situación similar a los casos que se llevan a segunda instancia con confirmaciones por arriba del 70 por ciento de las sentencias.