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Han transcurrido cinco años desde que se presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, la comunicación "México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza, constituyen crímenes de lesa humanidad" y está aún sigue en revisión por la mencionada instancia internacional.
Dicho documento fue presentado el pasado 05 de julio de 2017 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), junto con diversas organizaciones mexicanas como Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN) de Piedras Negras y del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.
Acudiendo a La Haya monseñor José Raúl Vera López, entonces Obispo de la Diócesis de Saltillo, así como Ariana Denise García Bosque, representante legal de FAMUN; además de los representantes jurídicos de FIDH.
En aquella ocasión, la presentación de la comunicación se realizó en una reunión privada que tuvieron con el fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya; que duro más de dos horas, al exponer de manera formal la denuncia por crímenes de lesa humanidad ocurridos en el Estado de Coahuila.
Con dicha comunicación se solicitó abrir un examen preliminar sobre los graves crímenes cometidos en el Estado Mexicano de Coahuila, durante el periodo de 2009 a 2016; documento que se basó en una investigación y análisis jurídico realizado por la FIDH con el apoyo de más de 100 organizaciones de la sociedad civil de México.
En dicho documento se manifiesta la presunta colusión entre autoridades estatales con el grupo del crimen organizado de los Zetas, para cometer dichos delitos de lesa humanidad entre los años 2009 y 2016.
Inclusive, presenta un panorama general de la situación del tema de desapariciones en México, pero al referirse a lo que ha ocurrido y ocurre en Coahuila, refiere una política (estructura) dentro del estado de Coahuila que permite y tolera activamente los ataques contra la población civil, estableciendo que la situación de violencia no es ocasional, ni que sea exclusiva de los cárteles de la droga.
"La comunicación presentada a la CPI se basa en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, y en particular de los expedientes de 73 víctimas. La comunicación incluye también dos episodios particularmente violentos que de por sí podrían constituir crímenes de lesa humanidad: la matanza por parte de los Zetas (organización mexicana de narcotráfico y terrorismo) de entre 60 y 300 aldeanos en Allende, en marzo de 2011", se puede leer en los primeros párrafos del documento.
También se indica que la evidencia sugiere que no sólo el municipio sino también el gobernador de la época estaba al tanto de lo que se preparaba, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad.
Se plantea el tema relacionado con la gestión de la prisión de Piedras Negras, el Centre de Reinserción Social (CERESO), que bajo la responsabilidad del Gobierno del estado de Coahuila se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas de 2008 a 2012.
"Los prisioneros podían salir a su antojo, y traficar diversos elementos tales como transformar y maquillar vehículos, fabricar chalecos antibalas, entre otros. Lo más grave fue que al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí, y sus cuerpos fueron quemados o disueltos en cubos con ácido. Tales acciones no habrían sido posibles sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades", se indica en las primeras páginas del documento.
