(ESPECIAL)
La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo en Guatemala anuló un convenio de cooperación entre la fiscalía y representantes de la constructora brasileña Odebrecht a solicitud del exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, principal acusado de recibir sobornos en el país para favorecer con contratos de obras públicas a la constructora brasileña.
Se trata de un convenio de colaboración entre la fiscalía y la constructora brasileña que aportó evidencia sobre cómo y a quién se pagaban sobornos para beneficios de la constructora. La misma sala ya había validado el acuerdo.
La decisión fue anunciada en un video la noche del viernes por el fiscal Rafael Curruchiche, quién dijo que quienes firmaron el convenio no tenían la legitimidad para hacerlo y que esas acciones eran delitos, y agregó que la decisión de la sala le daba la razón en su investigación contra operadores de justicia.
La resolución favorece a Sinibaldi.
Juan Francisco Sandoval, ex fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI, dijo que era una “vergüenza que el fiscal estuviera celebrando una decisión de una corte que dejaba impune el caso, además que era parte de la campaña de desprestigio desde la fiscalía a operadores de justicia"
El exministro se pasó más de seis años prófugo, pero se entregó días después de que el fiscal Juan Francisco Sandoval, que lo investigaba, fuera destituido y se exiliara, diciendo que fue criminalizado por las investigaciones anticorrupción que realizó.
Sandoval fue destituido por la fiscal general Consuelo Porras cuando este recibió información sobre supuestos actos de corrupción del actual presidente Alejandro Giammattei. Porras es amiga del presidente Giammattei y no ha iniciado ninguna investigación por corrupción contra el presidente.
Tras la destitución de Sandoval, Porras fue sancionada por el departamento de Estado norteamericano, retirándole la visa de entrada a Estados Unidos por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia. Porras por su parte arreció investigaciones contra funcionarios de justicia, activistas de derechos humanos y periodistas.
Durante la administración de Giammattei se han exiliado más de 20 funcionarios de justicia que denuncian criminalización. Giammattei, que tiene previsto un viaje a Estados Unidos la próxima semana, ha dicho que irá al país del norte a presentar pruebas contra lesos funcionarios.
Odebrecht fue investigada por sobornos en varios países.