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La Corte Suprema no le permitirá al gobierno del presidente Joe Biden implementar una política que da prioridad a la deportación de personas que se encuentran ilegalmente en el país y que representan el mayor riesgo a la seguridad pública.
La orden del jueves congela la medida a nivel nacional por el momento. La decisión se alcanzó por 5 votos a favor y 4 en contra, y en estos últimos la jueza conservadora Amy Coney Barrett se sumó a los liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan and Ketanji Brown Jackson al decir que habrían permitido al gobierno de Biden implementar la política.
La corte también anunció que escucharía argumentos en el caso, señalando que lo haría a finales de noviembre.
Los jueces emitieron su decisión luego de una solicitud de emergencia del gobierno ante la corte tras fallos contradictorios de un tribunal federal de apelaciones en torno a una directiva emitida en septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional, con la cual se pusieron en pausa las deportaciones a menos que se tratara de individuos que hubiesen cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas flagrantes a la seguridad pública”.
