Es muy difícil enfrentar un problema inflacionario producto de un aumento en el precio internacional de las materias primas, sobre todo en una economía tan abierta como la mexicana. Pero también es muy difícil no hacer nada. Hay un malestar creciente con el aumento de los precios, sobre todo de los alimentos, lo cual golpea más a las familias de menores ingresos. Además, si estos aumentos llevan a incrementos en los precios en otros bienes y servicios, incluidos los salarios, se corre el riesgo de alimentar las expectativas inflacionarias.
En este contexto, malas decisiones, como imponer controles de precios, son políticamente tentadoras. Funcionan en el corto plazo, pero nuestro pasado está plagado de esos controles que terminan en escasez o mercados negros.
Este gobierno no optó por esa ruta. El programa detallado el miércoles por el secretario de Hacienda va en el sentido correcto. El grueso de las medidas acordadas pueden ayudar. Ninguna hace daño.
El primer mérito del programa es su carácter voluntario. En Francia, en el 2007, el presidente Sarkozy presionó, en conflicto abierto y por diversas vías, a las cadenas de supermercados a bajar ciertos precios. Seguro hubo presiones, pero en nuestro caso este anuncio no fue un evento de polarización sino de unidad. Entre mayor colaboración entre gobierno y empresarios, mayor beneficio para el país.
Dado que los precios de muchas materias primas se encuentran en niveles históricamente altos, es buen momento para buscar mitigar los aumentos. El ciclo al alza de las materias primas debería estar terminando, y en los siguientes meses quizá empecemos a ver que regresen a niveles más normales, aunque dependerá de la trayectoria de la invasión de Rusia a Ucrania.
Algunos de los objetivos anunciados en el plan antiinflacionario son deseables, aunque muy difíciles de lograr. Uno muy importante es impedir los robos de mercancías. Evitar el crimen es algo que todo gobierno debe hacer todos los días, pero lo interesante es que se haya reconocido a la inseguridad como un costo para los empresarios.
Otro objetivo es impulsar por varias vías un aumento a la producción de granos a 4.8 millones de toneladas. Sería deseable porque generaría mayor actividad económica en el campo, pero no se ve nada fácil. Incluso si se lograra no afectaría el precio de los granos, dado que éste se fija por su valor en el mercado internacional y México pesa poco en la producción mundial de estos productos.
El pacto muestra que AMLO en materia económica, salvo en la industria de la energía, es bastante pragmático. El plan impulsa la competencia. Para bajar costos de ciertos insumos, es correcto bajar aranceles y cupos de importación.
El gobierno, por su parte, se comprometió a no subir el precio de peajes y casetas, así como el de los combustibles por seis meses. Esta última es la medida más costosa para las finanzas públicas y puede terminar saliendo muy cara.
Resolver un problema inflacionario importado vía un aumento en las tasas de interés no es eficaz. Para que pueda funcionar, el aumento debe ser muy agresivo, lo que llevaría a nuestro anémico crecimiento a una recesión profunda. En la economía mexicana no hay un exceso de demanda. En Estados Unidos sí y por ello van a estar incrementando las tasas de interés para bajar la inflación. Dicho incremento puede presionar al peso y por ello el Banco de México puede requerir aumentar las tasas de interés, ya que una depreciación fuerte de nuestra moneda alimentaría la inflación.
El ciclo anterior de gobiernos populistas terminó en un desastre inflacionario y cambiario. Esto originó el cambio de modelo económico.
AMLO está empeñado en no terminar así. Lo anunciado el miércoles no es la ruta fácil y absurda del control de precios, sino medidas puntuales que pueden servir para contener un poco el aumento de precios y mitigar en algo el costo que estamos pagando los consumidores.
@carloselizondom
ÁTICO
El plan contra la inflación va en sentido correcto, pero algunos de sus objetivos son difíciles de cumplir.
