Las topadoras también destruyeron las propiedades de manifestantes en otras dos ciudades de Uttar Pradesh la semana pasada. (AP)
La demolición de viviendas y negocios propiedad de musulmanes en India ha provocado protestas en muchas ciudades del país, debido a lo que los críticos describen como un creciente patrón de “justicia de topadoras” dirigido a castigar a activistas del grupo minoritario.
Las autoridades en el estado norteño de Uttar Pradesh emplearon el domingo una topadora para derribar la casa de Javed Ahmad, que según dijeron estaba relacionado con protestas religiosas musulmanas que derivaron en violencia el viernes pasado. La policía detuvo el sábado a Ahmad.
Las protestas se vieron desencadenadas por unos comentarios despectivos sobre el islam y el profeta Mahoma realizados por dos voceros del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata, al que pertenece el primer ministro, Narendra Modi. El partido suspendió a una de ellos y expulsó al otro, además de emitir un inusual comunicado en el que afirmaba condenar “con firmeza los insultos a cualquier figura religiosa”.
Las topadoras también destruyeron las propiedades de manifestantes en otras dos ciudades de Uttar Pradesh la semana pasada. El pasado abril, las autoridades en Nueva Delhi emplearon topadoras para destruir comercios propiedad de musulmanes unos días después de un estallido de violencia religiosa en el que fueron detenidas docenas de personas. Se han reportado incidentes similares en otros estados.
“Las demoliciones son una burda violación de las normas y éticas constitucionales”, dijo el miércoles a The Associated Press Nilanjan Mukhopadhyay, especialista en política nacionalista hindú y biógrafo de Modi.
Doce personas conocidas, incluidos abogados y exjueces de la Corte Suprema y el Alto Tribunal, enviaron el martes una carta al juez de mayor rango del país y le instaron a celebrar una vista sobre las demoliciones, que tacharon de ilegales y “una forma de castigo colectivo extrajudicial”. Acusaron al gobierno de Uttar Pradesh de suprimir la disidencia utilizando la violencia contra manifestantes.
Dos personas que protestaban por los comentarios de voceros del partido en el gobierno murieron baleadas el viernes en choques con la policía en Ranchi, la capital del estado de Jharkhand.
Varios países de mayoría musulmana han criticado los comentarios, y manifestantes en Bangladesh pidieron un boicot a los productos indios, lo que hizo que el gobierno tuviera que intervenir para contener el conflicto diplomático.
Ha crecido la violencia contra la minoría musulmana india ejercida por nacionalistas hindúes, alentados por el silencio habitual de Modi sobre esas agresiones desde que fue elegido por primera vez en 2014.
Los musulmanes indios han sufrido ataques asociados a su comida, su vestimenta o matrimonios interreligiosos. Grupos activistas como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han acusado al partido de Modi de ignorar y en ocasiones facilitar el discurso de odio contra los musulmanes, que son el 14% de los 1.400 millones de personas del país pero aún lo bastante numerosos para ser la segunda población musulmana más grande en un país del mundo. El partido de Modi niega las acusaciones.