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Pablo Gómez, titular de la UIF, dijo en la conferencia mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador que la investigación contra el expresidente priista Enrique Peña Nieto comenzó el 20 de octubre de 2021, periodo en que Santiago Nieto aún era titular de la unidad.
Cabe mencionar que Peña Nieto actualmente reside en España, donde obtuvo en octubre de 2020 autorizaciones de trabajo y residencia, además de una visa dorada que facilita a los grandes inversores y empresarios que destinan, al menos, un millón de euros en compra de activos españoles que tiene un proyecto empresarial o compran inmuebles por al menos 500 mil euros (10.5 millones de pesos mexicanos).
El expresidente posee una residencia en Valdelagua, en una de las zonas más seguras y privadas de Madrid, así como un predio comercial, valuado por el portal idealista.com en más de 500 mil euros, en el barrio de Chamberí en Madrid. Dicho predio es de 105 metros cuadrados.
Desaparecido del ojo público una vez terminado su sexenio (2006- 2012), y su poca actividad pública únicamente cuando ha sido captado de viaje por el mundo con su novia Tania Ruiz en algún restaurante, en una fiesta o en las inmediaciones de un lujoso hotel en Europa, políticos y analistas lo han atribuido a un "pacto" con la actual administración.
Sin embargo, López Obrador ha negado tener un acuerdo con el expresidente Peña Nieto para protegerlo, pues aseguró el pasado 21 de abril en su conferencia: "No establezco relaciones de complicidad con nadie", aunque reconoció que tiene consideración y respeto por Peña Nieto porque no intervino en las elecciones presidenciales de 2018, a diferencia de los exmandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes acusó de hacerle fraude electoral.
ACUSACIONES
Este jueves, Pablo Gómez mencionó que tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el exmandatario obtuvo beneficios económicos millonarios a través de recursos transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España; además, que Peña Nieto tendría vínculos corporativos con dos empresas, que presentan irregularidades fiscales y financieras.
Gómez dijo que el familiar del expresidente registró retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.
Por lo anterior, el expresidente Peña Nieto enfrentaría cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque hay que recordar que desde el 2020 la FGR ya ha fincado acusaciones en contra del priista.
Para la FGR, el expresidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en el caso Odebrecht, por lo que lo acusa de los delitos de cohecho, traición a la patria, delito electoral, así como de haber contado "con su propio aparato de poder criminal".
A través de un comunicado, en ese entonces la FGR consideró que Enrique Peña Nieto utilizó al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso y al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como instrumento para cometer ilícitos. Por ello, el exmandatario también enfrentaría cargos por ejercicio indebido del servicio público.
Con su supuesto actuar ilícito, el expresidente Peña Nieto no solo obtuvo beneficio personal sino que procuró "también el beneficio de la empresa Odebrecht, que los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño", señaló la FGR.
Según la orden de aprehensión que la FGR solicitó en 2020 contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y que después retiró de un juzgado federal para afinarla, Peña Nieto contó con su "propio aparato de poder criminal, a partir del cual implementó una estrategia de cooptación a legisladores para la aprobación de las reformas estructurales en materia energética, mediante la obtención de dinero, principalmente de la constructora brasileña Odebrecht, que sirvió para el pago de sobornos a diputados y senadores".
La FGR basa la probable intervención de Peña Nieto, como autor mediato, en la llamada "teoría del control o dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado", según la cual, el hombre de atrás (Enrique Peña Nieto) dominó la voluntad de los autores directos de los sobornos en el caso Odebrecht, Luis Videgaray y Emilio Lozoya, mediante un aparato de poder organizado, "que en el caso concreto lo era el gobierno federal".
