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Human Rights Watch y Cristosal denunciaron el miércoles que han documentado en El Salvador más de 1,000 casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante el régimen de excepción decretado por el Congreso para combatir a las pandillas.
Las organizaciones afirmaron que además de la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, se han registrado desapariciones forzadas, torturas y muertes de detenidos bajo la custodia de agentes del Estado, además de arrestos masivos de personas que no están vinculadas con las pandillas.
“Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos en comunidades vulnerables con el supuesto objetivo de garantizar su seguridad”, expresó en conferencia de prensa Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Las dos organizaciones dijeron entre más de un millar de detenciones arbitrarias se ha registrado al menos una decena de desapariciones forzadas, "uno de los delitos más graves que se pueden cometer”, explicó a The Associated Press Juan Pappier, director asociado en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
Explicaron que durante la investigación realizaron más de 1,100 entrevistas a personas de todos los departamentos de El Salvador y documentaron al menos 90 personas muertas cuando estaban bajo custodia de las autoridades estatales. De esos casos se han enfocado en 11 y afirmaron contar con documentación médica, análisis de peritos internacionales y testimonios que confirman las denuncias.
El estado de excepción fue aprobado por el Congreso, a pedido del presidente Nayib Bukele, luego de que el 26 de marzo se reportaron 62 homicidios en un día. Este régimen limita la libertad de asociación, suspende el derecho de las personas a ser debidamente informadas de sus derechos y del motivo de su arresto, así como de la asistencia de un abogado.
De acuerdo con cifras del gobierno, en lo que va del estado de excepción se ha capturado a más de 58 mil personas acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas.
Aunque Pappier reconoció que las medidas adoptadas por Bukele han logrado bajar el índice de homicidios, censuró la “política de mano dura” y advirtió que “sería un grave error pensar que un éxito pueda lograrse sobre la base de violaciones masivas a los derechos humanos”.
Señaló que hay motivos para pensar que esa disminución no será sostenible en el tiempo porque la historia de El Salvador ha demostrado que cuando se implementan políticas de mano dura el descenso de la violencia es temporal.
