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Dos compañías minoristas de venta de armas en EUA, denunciadas por la ciudad de Nueva York y la Fiscalía de este estado, se comprometieron a no vender ni enviar piezas de armas a Nueva York y a entregar información sobre las ventas realizadas desde 2020.
Se trata de Rainer Arms, con sede en Washington, y de Rock Slide USA, de Carolina del Norte, que comercializan piezas y componentes de armas para ensamblarlas y que no se pueden rastrear.
Rainer y Rock Slide "han dejado de vender y entregar ilegalmente componentes que se utilizan para ensamblar armas de fuego ilegales e imposibles de rastrear a los residentes de la ciudad de Nueva York después de que la ciudad presentara una demanda contra las dos compañías y otras tres en junio de 2022", aseguró un comunicado de la Alcaldía neoyorquino.
Según la nota, ambas compañías se han comprometido también a aplicar todas las medidas tecnológicas y legales para continuar con las ventas en un futuro y a proveer a la ciudad información sobre las ventas realizadas desde 2020.
El pasado junio, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunciaron que habían presentado una demanda contra una decena de empresas minoristas a las que acusan de "avivar la crisis de violencia armada y poner en peligro a los neoyorquinos".
La denuncia sostiene que estas compañías "vendieron decenas de miles de marcos y armazones ilegales e inacabados a los neoyorquinos, que luego se convirtieron en pistolas sin número de serie e imposibles de rastrear, así como en armas de estilo asalto", que son conocidas en el país como "pistolas fantasma".
La demanda incluye a las compañías Brownells, Blackhawk Manufacturing Group, Salvo Technologies (80 P Builder o 80P Freedom), G.S. Performance, Indie Guns, Primary Arms, Arm or Ally, Rainier Arms, KM Tactical y Rock Slide USA.
"Las armas fantasma son ilegales en nuestra ciudad, y no permitiremos que los vendedores de armas conviertan la ciudad de Nueva York en una ciudad de asesinatos por correo", dijo hoy Adams.
Nueva York lleva meses intentando frenar el aumento rampante de los crímenes con armas de fuego, que comenzaron a dispararse tras el estallido de la pandemia de COVID-19 en 2020.
