Hace unos días la periodista Lucía Pérez, a través de El Siglo de Torreón y en Noticieros GREM, dio a conocer información sobre un libro publicado el año pasado (Hacia el cumplimiento del Derecho Humano al Agua. Arsénico y fluoruro en agua: riesgos y perspectivas desde la Sociedad Civil y la academia en México. UNAM), exhibiendo por enésima vez en la agenda pública un tema penoso y desafortunado para los laguneros: el impacto que estos dos elementos químicos tienen en la salud de la población.
Decimos por enésima vez porque desde hace más de medio siglo que se conoce sobre la presencia de concentraciones elevadas de arsénico (y ahora también flúor) en el agua que se bombea del subsuelo para abastecer a la población de esta región. Fue la comunidad médica académica quien principalmente investigó y ha publicado un sinnúmero de artículos en revistas científicas, un libro en 2016 y una gran cantidad de entrevistas y reportajes en medios de comunicación, en los que alertan sobre las afectaciones en la salud de las personas provocadas por la ingesta involuntaria de agua contaminada.
Esta tenacidad de los investigadores contrasta con el silencio de las instituciones del sector salud, cuya respuesta denota una omisión en la política pública que se expresa en la forma en que han evadido atender esta problemática. Si bien el área de salud ambiental no es una de las fortalezas de estas instituciones debido, entre otras causas, a la desatención que sufre el sector público, la evasión también se sustenta en el argumento de que se desconoce cuándo el cáncer es provocado por el consumo de agua con arsénico.
Si bien este padecimiento puede tener un origen multifactorial en una zona tan contaminada como la Comarca Lagunera (se atribuye también a las emisiones de gases y partículas tóxicas que generan algunas empresas, al uso intensivo de agroquímicos en los cultivos, entre otros), la comunidad médica ha argumentado que la presencia de cáncer está asociada a condiciones de exposición que ponen en riesgo la salud de aquellas personas que presentan ciertos síntomas asociados a lo que han llamado Hidroarsenicismo Crónico Regional (HACRE).
Ciertamente al sector salud le toca atender a los afectados con los diversos tipos de padecimientos ya documentados que derivan de esa exposición, tales como una mayor propensión a detonar la diabetes mellitus, problemas cognitivos en niños, reproductivos en jóvenes y cardiovasculares en adultos o cáncer que afecta a diferentes órganos como la piel, vejiga, pulmón, riñón, hígado y senos, padecimientos que se presentan con mayor frecuencia entre aquellas personas más vulnerables por su residencia en las zonas donde la incidencia es alta (comunidades rurales donde las concentraciones de arsénico son más elevadas) y por las condiciones sociales precarias en que viven (donde no tienen acceso a agua entubada potable, se abastecen de agua de pozos agrícolas, no tienen capacidad económica para adquirir agua de garrafón, son desempleados o subempleados, carecen de seguridad social o esta es lejana y/o deficiente y por tanto no se les diagnostica a tiempo los síntomas y son atendidos cuando los padecimientos que sufren están avanzados), a la vez de que la atención en estas condiciones incrementan significativamente el costo del servicio en el sector de salud pública).
A esta omisión de atención en la salud que evidencia el incumplimiento del Derecho Humano al Agua, (a la Salud y a un Medio Ambiente Sano) desde su prevención a los ya contabilizados por miles de afectados, se agrega la de las instituciones gubernamentales responsables de regular el manejo y uso del agua en la región. La contaminación del agua en el subsuelo que se extrae para abastecer a la población se origina en gran parte en la irracional sobreexplotación a que se ha sometido a los acuíferos, donde no se mide y por tanto no se controlan los volúmenes extraídos, principalmente por los grandes usuarios agropecuarios que han concentrado las concesiones, adquiriendo con este monopolio un poder que les vuelve intocables e impunes, a los cuales ningún funcionario o legislador en los tres ámbitos del poder público se atreve a denunciar o abogar por los miles de afectados que hay, o por los otros tantos que vienen, ya que como dicen los médicos, la lista crecerá no solo entre aquellos que aún no manifiestan los síntomas sino también en los que aún no nacen porque la ingesta involuntaria de agua contaminada en mujeres embarazadas pone en riesgo a su descendencia al aumentar la propensión a sufrir padecimientos en su salud.
La comunidad médica tiene muy clara la solución a esta problemática desde el ámbito de la salud (saben que la contaminación del agua que afecta la salud de las personas que ellos atienden se origina en el desorden existente en la gestión del agua y en el abuso de los usuarios que pareciera viven en una burbuja ajena a la realidad, sin darse por enterados del daño social y ambiental que están provocando. Los médicos consideran que paralelamente al programa Agua Saludable que implementa el gobierno federal para abastecer de agua potable a la población lagunera, se deben diseñar y establecer políticas públicas que atiendan la salud de los afectados hídricos, tienen propuestas concretas que no han sido escuchadas en el sector oficial y sobre la necesidad urgente de abastecer de agua potable a la población más vulnerable. Ya es tiempo de que se atienda al eslabón más débil afectado por el manejo no sostenible del agua en La Laguna, de no ser omisos ante esta desafortunada realidad.
