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Desde una mayor carga fiscal y administrativa, la aplicación de multas y hasta la inoperancia y riesgo de quiebra de pequeñas y medianas empresas, podrían surgir como resultado de las nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la declaración anual de 2023.
Estas medidas tomaron por sorpresa a los empresarios de todo el país, generando inconformidad y molestia pues además, se pone en evidencia una vez más que “el Gobierno federal está más enfocado en la recaudación y no en el desarrollo del país”, expresó Jorge Reyes Casas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Señaló que el tener que incluir las comparativas de los años 2021 y 2022, además de todos los nuevos requisitos que establecieron, aumentará la carga de trabajo contable hasta un 60 por ciento.
“No será imposible, pero sí muy complicado sacar todo el trabajo antes de marzo cuando vence el plazo para la declaración”, dijo Reyes al señalar que esto aumentará el riesgo de tener que pagar cuantiosas multas, además de que se les congelen las cuentas como parte del terrorismo fiscal en que está incurriendo el gobierno de Andrés López Obrador a través del SAT.
“Seguramente muchas pequeñas empresas que no tienen la capacidad, se verán en condiciones inoperantes y hasta podrían quebrar”, tal como ocurrió durante la pandemia cuando 1.5 millones de pymes cerraron por la falta de incentivos.
El presidente de la Coparmex Laguna consideró que el Gobierno federal insiste en su política de atacar a la “gallina de los huevos de oro”, las empresas que generan empleos y sostienen la economía del país, las que por cierto pagan los impuestos con los que éste atiende sus programas sociales.
