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El equipo del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva llegó a la capital de Brasil el jueves para comenzar el proceso de transición, ahora que han amainado las protestas de los partidarios del mandatario saliente Jair Bolsonaro.
El vicepresidente electo Geraldo Alckmin llegó al Congreso acompañado del coordinador de campaña de Lula y varios diputados del izquierdista Partido de los Trabajadores, incluido su líder. Comenzaron reuniéndose con el senador responsable del plan presupuestario del gobierno para 2023.
Por la tarde, Alckmin tenía previsto reunirse con el jefe del actual gabinete, Ciro Nogueira, y luego visitar el organismo de control contable federal.
Las reuniones dan inicio al proceso que culminará con la toma de posesión de Lula el 1 de enero. Pero también tienen como objetivo garantizar la gobernabilidad con un Congreso potencialmente polémico y brindar garantías de que la administración de Bolsonaro, de extrema derecha, cooperará.
Había preocupación generalizada de que Bolsonaro pudiera presentar acusaciones de fraude y cuestionar los resultados de las elecciones del domingo, siguiendo el ejemplo del expresidente estadounidense, Donald Trump. Si bien Bolsonaro se negó a admitir públicamente la derrota en sus primeros comentarios públicos el martes, Nogueira dijo a los periodistas que había recibido autorización para comenzar el proceso de transición.
Persisten dudas sobre la facilidad con la que Lula podrá gobernar, en parte porque a los legisladores conservadores del partido de Bolsonaro y otros les fue bien en la primera vuelta de las elecciones, el 2 de octubre, y se espera que presenten una feroz oposición. Además, el “Gran Centro”, un bloque de políticos que ofrece apoyo a cambio de puestos y concesiones ha apoyado a Bolsonaro hasta la fecha.
El domingo hubo una apertura cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, se convirtió en el primer aliado importante de Bolsonaro en reconocer los resultados de las elecciones. Lira supervisa el llamado “presupuesto secreto”, que destina miles de millones a los legisladores para proyectos discrecionales.
El mecanismo fue adoptado durante el gobierno de Bolsonaro, lo que permite al Congreso y al Poder Ejecutivo eludir un techo presupuestario. Durante la campaña, Lula criticó el programa, diciendo que agotó los fondos para necesidades sociales clave y prometió ponerle fin. Muchos legisladores ya esperan recibir fondos para sus estados.
El Congreso tiene hasta el 17 de diciembre para aprobar un proyecto de ley de gastos para 2023 con aportes de la nueva administración. El equipo de Lula se reunió con el senador Marcelo Castro, responsable del proyecto.
“Tenemos una agenda apretada y es complicado”, dijo Castro a los periodistas antes de la reunión con Alckmin. “Es más fácil si el nuevo gobierno propone algo”.
En un video publicado en las redes sociales el miércoles, Bolsonaro se dirigió a sus seguidores y les pidió que pusieran fin a sus protestas en todo el país. Habían bloqueado cientos de carreteras y algunos pedían una intervención militar para anular los resultados de las elecciones.
En las elecciones presidenciales más estrechas desde el regreso a la democracia en 1985, Lula venció a Bolsonaro por unos 2 millones de votos, en segunda vuelta.
