Trump y sus aliados trataron de presentar el allanamiento como un abuso político del sistema de justicia penal. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El FBI allanó la finca Mar-a-Lago de Donald Trump al investigar si se llevó documentos secretos de la Casa Blanca a su residencia en Florida, dijeron personas enteradas del asunto, una medida que representa una escalada drástica y sin precedentes de la investigación policial del expresidente.
Trump dijo que los agentes abrieron una caja fuerte en su residencia y describió el hecho como una "incursión no anunciada" que calificó de "abuso de la fiscalía".
Desde hace meses se investiga cómo los documentos secretos fueron a parar a Mar-a-Lago en cajas de archivo de la Casa Blanca a principios de este año. Mientras tanto, en un caso por separado, un jurado de instrucción investiga los intentos de anular los resultados de la elección presidencial de 2020, acrecentando los peligros legales en potencia para Trump en momentos en que está sentando las bases para un intento de reelección.
El lunes por la noche volvieron a aparecer las líneas de batalla conocidas luego de cuatro años de una presidencia ensombrecida por investigaciones del FBI y el Congreso. Trump y sus aliados trataron de presentar el allanamiento como un abuso político del sistema de justicia penal y un intento demócrata de impedirle ganar un nuevo período en 2024. Sin embargo, el gobierno del presidente Joe Biden dijo que no había tenido conocimiento previo del hecho y el actual director del FBI, Christopher Wray, fue designado por Trump hace cinco años y fue un alto funcionario del Departamento de Justicia dirigido por los republicanos.
La vocera del Departamento de Justicia, Dena Iverson, se negó a hacer declaraciones sobre el hecho o si el secretario de Justicia, Merrick Garland, había autorizado la operación personalmente.
Trump no entró en detalles sobre los fundamentos de la búsqueda. El Departamento de Justicia investiga el posible mal manejo de información secreta después que la agencia Archivos Nacionales y Administración de Documentos dijo que había recibido de Mar-a-Lago 15 cajas de archivos de la Casa Blanca, e incluso documentos que contenían información secreta, a principios de año.
Archivos Nacionales dijo que Trump debería haber entregado esos archivos en el momento de dejar el cargo y pidió al Departamento de Justicia que investigara.
El manejo de archivos secretos y documentos del gobierno está sujeto a varias leyes, algunas de las cuales penalizan el llevar ese material a un lugar no autorizado. Aunque una orden de allanamiento no indica la inminencia o siquiera la posibilidad de cargospenales, los funcionarios federales que la solicitan deben demostrarle a un juez que existe la probabilidad de que se haya cometido un delito.
Esta investigación es uno de los múltiples frentes legales tanto federales como locales que enfrenta el expresidente número 45 de Estados Unidos.
Otra investigación en curso por parte del Departamento de Justicia se cierne sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 y sobre los intentos de Trump de revertir el resultado electoral, aunque no queda claro si el mismo Trump es el objeto de la pesquisa.
Los fiscales federales se han enfocado particularmente en una trama por parte de seguidores de Trump de nombrar electores presidenciales falsos en ciertos estados donde el presidente Joe Biden ganó.
Trump enfrenta además múltiples demandas civiles en conexión con los sucesos del 6 de enero de 2021. Un juez federal le negó una petición para rechazar las demandas presentadas por legisladores y por guardias del Capitolio que acusan al exmandatario de arengar a la multitud antes del asalto a la sede del Congreso.
Similar es el caso que afronta en Georgia. Tras su derrota electoral, Trump llamó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para presionarlo para que "encontrara" los votos necesarios para revertir su derrota allí.
La fiscal del distrito Fulton, Fani Willis, ha dicho que ha contemplado obligar a Trump a declarar, una medida que podría obligar al exmandatario a cooperar con una indagación penal.
En Nueva York, la secretaria de Justicia, Letitia James, lidera una investigación civil sobre si la empresa Trump Organization, engañó a bancos y autoridades fiscales sobre el valor de sus propiedades a fin de conseguir préstamos y otros beneficios.
La fiscalía de Manhattan también está investigando los negocios de bienes raíces del expresidente.
