(ESPECIAL)
Tras revelarse un informe sin testar de la Comisión para la Verdad que señala que la mayoría de los normalistas de Ayotzinapa fueron descuartizados, algunos disueltos en ácido y otros enterrados, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, urgió a la FGR investigar la filtración de los documentos.
Señaló que estas filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad.
"Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMexico por la Comisión de #Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos", indicó.
"En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Solicito a la @FGRMexico que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración".
Según el informe sin testar, después del asesinato de los 43 normalistas, criminales, junto con miembros de los Gobiernos local, estatal, federal y del Ejército, montaron una operación para desenterrar los cuerpos de fosas cerca de Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería.
Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, sostuvo que los padres solo han tenido acceso al expediente con partes medulares tachadas.
El subsecretario Encinas llamó a las madres y padres de los normalistas a tener confianza en la investigación que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo, y que el lunes, en la conmemoración del octavo aniversario de la desaparición de estudiantes, no caigan en provocaciones.
VAN CONTRA JUEZ VENTURA
El gobierno federal denunció ante la Fiscalía General de la República a un juez que absolvió a más de un centenar de implicados en el caso de la desaparición de 43 estudiantes ocurrida hace ocho años en el sur de México.
Así lo anunció la Secretaría de Gobernación en un comunicado en el que indicó que se presentó una denuncia contra el juez de la ciudad de Matamoros, Samuel Ventura Ramos, por la "probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte".
En el comunicado se acusa a Ventura Ramos de haber dictado "más de 120 libertades absolutorias" de personas procesadas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que ocurrieron entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad sureña de Iguala, en el estado de Guerrero.
Esta semana, el juez dictó una sentencia absolutoria a favor 24 detenidos, que no salieron en libertad debido a que enfrentan cargos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, refiere el comunicado. (Con información de AP)
