(ESPECIAL)
El Gobierno francés ha propuesto crear un permiso de residencia para extranjeros en situación irregular que permita cubrir los puestos de trabajo que no encuentran pretendientes en sectores "en tensión".
La propuesta también prevé poner fin en ciertos casos al período de seis meses durante el cual los solicitantes de asilo no pueden trabajar en el país.
Los ministros de Interior, Gérald Darmanin, y de Trabajo, Olivier Dussopt, avanzaron la propuesta en una entrevista conjunta que publica este miércoles el diario Le Monde.
El permiso de residencia especial regularizará a inmigrantes sin papeles ya presentes en Francia y que trabajen en sectores que no consiguen la mano de obra necesaria, como construcción, hostelería, cuidados personales y sanidad.
La propuesta se debatirá a partir de enero dentro de una serie de modificaciones a la Ley de Inmigración, entre las que figura también agilizar el procedimiento de expulsión de los delincuentes extranjeros.
"Para resumirlo, diría que debemos ser malos con los malos y simpáticos con los simpáticos", explicó el titular de Interior.
Darmanin recordó que los extranjeros representan el 7 % de la población de Francia pero el 19 % de los delitos, mientras que en París y las diez mayores ciudades de Francia "suponen la mitad de los delitos".
"No reduzco la inmigración a la delincuencia, pero sería absurdo no ver que una pequeña parte de los extranjeros son responsables de una gran parte de los delitos", insistió.
"En el otro lado, una mayoría de los extranjeros viven del fruto de su trabajo e intentan integrarse", añadió.
Dussopt señaló también que la propuesta permitirá reducir el trabajo ilegal y los abusos de algunos empleadores sobre los inmigrantes indocumentados.
"Hace falta que el trabajo vuelva a ser un factor de integración y de emancipación", recalcó.
El ministro de Interior destacó en que las organizaciones empresariales insisten en que es necesario facilitar el reclutamiento de extranjeros, pero advirtió de que también se van a endurecer las sanciones para los empleadores responsables de trabajo ilegal.
La iniciativa recibió inmediatamente el rechazo del ultraderechista Agrupación Nacional (RN).
"Cómo dar un nuevo nombre a una campaña de regularización de clandestinos", señaló en redes sociales la líder del RN, Marine Le Pen.
El diputado del RN Philippe Ballard advirtió de que la regularización de inmigrantes irregulares "será un formidable efecto llamada" para la llegada de más indocumentados, según dijo en unas declaraciones televisivas.
"No es una regularización masiva, será caso por caso", afirmó el ministro de Trabajo ante el pleno de la Asamblea Nacional.
El portavoz del Gobierno, Olivier Véran, señaló en rueda de prensa que se trata de "líneas de reflexión" de cara a un proceso de diálogo parlamentario antes de la elaboración del proyecto de ley, pero dejó claro que hace falta un enfoque "pragmático" en la inmigración.
