(AP)
La protesta convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas mantiene bloqueadas algunas de las principales vías del centro norte andino de Ecuador y virtualmente paralizados amplios sectores de algunas ciudades, especialmente Quito.
En las primeras horas del jueves los manifestante se concentraron alrededor de las universidades Central y Salesiana, en el centro de la capital, donde pernoctan, se alimentan y obstaculizan las calles cercanas aunque no realizan protestas.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso -quien según la presidencia padece COVID-19 pero no ha suspendido sus labores- ha manifestado su disposición a empezar un diálogo encaminado a buscar una salida a la crisis, pero el movimiento indígena ha puesto algunas condiciones como levantar el estado de excepción y retirar el contingente militar y policial de las zonas de conflicto.
La Confederación inició el 14 de junio una protesta nacional en reclamo de la reducción del precio de la gasolina de 2.55 dólares a 2.10 dólares el galón, la fijación de precios por decreto de productos agropecuarios y el aumento del presupuesto para la educación intercultural como parte de una agenda de 10 exigencias.
Desde entonces las protestas se han ido radicalizando y los indígenas han protagonizado saqueos de pequeños negocios, agresiones a vehículos de carga y de pasajeros e incluso ataques a ambulancias.
La Corporación Eléctrica del Ecuador denunció la noche del miércoles en un comunicado que más de 300 indígenas tomaron una importante estación eléctrica de la provincia de Tungurahua, clave para el sistema de alta tensión nacional, exigiendo que se desconecte. Esa instalación es básica para el abastecimiento de la ciudad portuaria de Guayaquil. Los operadores de la estación están retenidos por los manifestantes.
Las ciudades de Ibarra, Cayambe, Otavalo, Latacunga, Ambato y Cuenca, entre las más importantes, casi no cuentan con reservas de gasolina y gas y la provisión de alimentos es mínima debido a los cortes de carreteras, especialmente la Panamericana, que han impedido el transporte de todo tipo de carga y pasajeros.
El edificio de la Fiscalía General amaneció con un fuerte resguardo policial y militar luego de que los manifestantes lo atacaron durante dos días seguidos, ingresaron a sus instalaciones y destruyeron algunos documentos de esa institución que lleva adelante la investigación de sonados casos de corrupción, especialmente de exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
La fiscal general, Diana Salazar, señaló en su cuenta de Twitter que “han atacado nuevamente el edificio de la Fiscalía General del Estado; lo que buscan no está ahí. Estos desmanes no son protesta social, son delitos. Hago un llamado a la paz, a la cordura y sobre todo al respeto a la ley”.
