(ESPECIAL)
La informalidad laboral es uno de los más importantes retos que afectan el disfrute del derecho al trabajo; sus altos niveles inciden negativamente en los ingresos públicos y en las capacidades estatales para ofrecer servicios públicos de calidad, además establece una competencia desleal entre empresas y, a la vez, se perjudica a las empresas informales que no tienen acceso al crédito y no pueden crecer, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Tan solo entre 2009 y 2020, la informalidad laboral en México ha registrado porcentajes cercanos al 60% de la población ocupada. Al respecto, grupos como las y los jóvenes (59.2%), personas adultas mayores (75.7%), personas trabajadoras en el sector agropecuario (86.9%) y la población ocupada con menor escolaridad (79.5%) presentan porcentajes por encima de la informalidad promedio, destaca el Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2022 elaborado por el Consejo.
El objetivo del diagnóstico es identificar los cambios en las condiciones que determinan el derecho al trabajo, así como nuevas formas de garantizar este un contexto cambiante, originado principalmente por la emergencia sanitaria y por las reformas en materia laboral, así como contar con información oportuna sobre el avance en la materia.
El debilitamiento en los servicios públicos refuerza las prácticas de vinculación por medios informales mayormente asociadas al trabajo informal, potencia las consecuencias negativas de la vinculación informal, más aún cuando se trata de un contexto de contracción y poco dinamismo de la economía.
Un panorama de esta problemática es que el porcentaje de personas trabajadoras desempleadas que acudió a los servicios públicos de colocación fue de 1.3% en el primer trimestre de 2017 y descendió a 0.8% en 2021. Por el contrario, aumentó la importancia de la intermediación por medios privados, al incrementarse del 25.3% al 36.6% entre 2017 y 2021.
INTERMEDIACIÓN LABORAL DEBE MANTERSE COMO PRIORIDAD
En opinión de los especialistas, la intermediación laboral debe mantenerse como prioridad en una política sectorial cuyo objetivo sea incrementar el acceso a empleos formales dignos. Se requiere favorecer el acceso de los buscadores de trabajo, así como de los grupos más vulnerables, a los servicios públicos de intermediación.
El estudio reconoce que en los últimos años hubo importantes avances en la política sectorial referente a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Sin embargo, es necesaria una estrategia para evitar que la aceleración de la inflación elimine dichos avances y genere una pérdida del poder adquisitivo de los salarios mínimos y contractuales.
Asimismo, destaca que se requieren crear las condiciones, así como generar estrategias en torno al acceso a guarderías, flexibilización de tiempos de trabajo y reducción de la jornada laboral, para superar la brecha de participación económica entre mujeres y hombres.
Los analistas advierten que es necesario establecer estrategias alternativas para lograr que las personas tengan acceso a la seguridad social a través de otros mecanismos y no solo por su condición laboral, propiciando con ello el acceso a otros derechos sociales.
