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En relación a la reforma que recién se aprobó en términos de movilidad y en específico sobre los límites de velocidad, el Colegio de Ingenieros Civiles manifestó su postura a favor y la reconoció como un gran logro.
Daniel de la Garza Ferrer, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna, consideró relevante que las autoridades locales trabajen en función de esta reforma, ya que es solo el inicio de un recorrido que se debe hacer.
"Es imprescindible la socialización de dicha Ley, que promuevan y establezcan mesas de trabajo donde involucren a especialistas y a medios de comunicación para revisar y conformar un consejo donde se establezca el proyecto para adecuarse a esta Ley", explicó.
Señaló que se requiere de un proyecto que esté integrado por los siguientes puntos: adecuación de la señalización horizontal y vertical, modificación en los exámenes y reglamentación de licencias de conducir, reformas en leyes locales, revisión en los esquemas de las asignaturas escolares donde se incluyan estos temas, culturalización a familias y tutores, entre otros.
El titular del Colegio de Ingenieros Civiles consideró que las autoridades se ha demostrado que no pueden solas, sino que necesitan a las organizaciones civiles y medios de comunicación para, juntos, lograr resultados favorables hacia el bien común.
El Senado aprobó la minuta con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que da prioridad al desplazamiento de personas, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad, en condiciones de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, y que busca reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales.
Con 102 votos a favor, el Pleno respaldó los cambios a los artículos 3, 5, 7, 31, 44, 48, 52 y 54, que realizó la Cámara de Diputados al proyecto que avaló el Senado, el pasado 14 de diciembre de 2021, por lo que el documento fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
De esta manera, se incluyó a “la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes” para el otorgamiento de permisos o autorizaciones de personas físicas o morales, para el servicio de transporte; así como a la Secretaría de Economía como integrante del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.
La Ley define la concurrencia entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial, así como los mecanismos para su debida coordinación. Además, establece las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.
