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Israel llamará a consultas al embajador mexicano después de que activistas vandalizaran la embajada israelí en Ciudad de México exigiendo la extradición de Tomás Zerón, acusado de ocultar pruebas en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, informó este jueves la Cancillería israelí.
"Fue citado para que explique la posición de su Gobierno", dijo a Efe un portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel.
El miércoles, un grupo de activistas y familiares de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa vandalizaron la embajada de Israel, a cuyo Gobierno exigen la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal acusado de irregularidades en el caso.
A días del octavo aniversario de la tragedia, cientos de personas se congregaron frente a la sede diplomática israelí en la capital mexicana, donde realizaron pintadas con las leyendas "Extradición a Tomás Zerón", "Ni perdón ni olvido" y "43".
Aunque la protesta, en la que participaron padres de los desaparecidos, se inició de forma pacífica, jóvenes encapuchados comenzaron a pintar las paredes y a golpear las cámaras de seguridad del recinto.
Los manifestantes acompañaron sus reclamos con gritos de "Palestina libre" y "Viva Palestina" e incluso pintaron "Palestina vive" y "Muerte al sionismo" en las paredes.
México anunció en septiembre de 2020 la solicitud para extraditar desde Israel a Zerón, exfuncionario del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) acusado de ocultar pruebas y torturar a testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Pero el proceso se complicó porque ambos países no tienen acuerdo de extradición y el diario "The New York Times" publicó en julio que Israel desatendió la petición como presunta represalia al voto de México en la ONU a favor de investigar abusos contra los derechos en los territorios palestinos.
La polémica alrededor de las investigaciones del caso se reavivó este año tras el informe de la Comisión de la Verdad, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que concluyó el 18 de agosto que se trata de "un crimen de Estado", que no hay indicios de que los estudiantes estén vivos, y que reconoció la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas.
La comisión rechazó la "verdad histórica", la versión del Gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.
La Administración de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
