Plenamente justificada la atención dada al aumento de la presencia militar y al hackeo que desnudó las vulnerabilidades de los uniformados; sin embargo, hay otras causas relacionadas con la seguridad esperando atención: la impartición de justicia, por ejemplo. Una de las deficiencias estructurales más graves es lo que pasa en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
Llevo más de seis años litigando en tribunales capitalinos porque alguien con poder y dinero me ha acusado en dos ocasiones por "daño moral". La Primera Sala de la Suprema Corte me exoneró de la primera, sigo lidiando con la segunda. Las vivencias acumuladas me permiten emitir una opinión negativa sobre la justicia capitalina. Me consta que algunos jueces son profesionales y honestos, pero la mayoría se distingue por la parcialidad, la ineficiencia y los abusos.
En esto coinciden otros periodistas o ciudadanos que vivieron la experiencia de ser acusados por daño moral, así como abogados experimentados en los corredores del poder judicial y gobernantes capitalinos. Lo más impresionante es la naturalidad con la que se constatan los tráficos de influencia, los conflictos de interés y la frivolidad con la cual los jueces aceptan demandas por daño moral exigiendo 10, 20, 120 o 300 millones de pesos a los presuntos responsables. Quienes litigan asumen como normal la travesía por el purgatorio de los tribunales estatales: es un corredor obligado para llegar a los tribunales federales que tienen una bien ganada fama de imparciales y profesionales.
Hago un paréntesis para hacer una comparación inevitable. En 1994 el presidente Ernesto Zedillo inició una reforma a profundidad de la justicia federal. Renovó a toda la Suprema Corte y a partir de ese momento empezó una larguísima transición que nos permite tener ahora resultados positivos. La capital se quedó rezagada. En 1997 la izquierda comenzó a gobernar la ciudad donde es indudable que se han ido ampliando diversas garantías ciudadanas; lo extraño es que esa misma izquierda haya dejado intactos los usos y costumbres del sistema judicial de la CDMX.
Busco respuestas con un personaje de la izquierda capitalina quien lo atribuye a un entendimiento de jefes y jefas de gobierno con la jerarquía judicial. Lo ejemplifica con Andrés Manuel López Obrador, quien como jefe de gobierno entre 2000 y 2005 creó una mesa informal donde se discutían y acordaban aquellos asuntos que le interesaban (en el argot político se le llama "planchar" temas). Los primeros operadores de ese "planchado" fueron Juan Luis González Alcántara, quien presidió el Tribunal Superior capitalino, y José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de gobierno capitalino.
En otras palabras, el entendimiento supone que los jueces atienden los intereses del jefe o jefa de gobierno, quien corresponde dándoles una autonomía que amplía sus márgenes de discrecionalidad que han facilitado la ineficiencia y la corrupción. Eso explicaría, por ejemplo, el corrupto urbanismo salvaje que tanto ha lastimado al valle de México. El arreglo deja en la indefensión a quienes consideran que sus derechos fueron violados por algún juez.
El camino que queda consiste en presentar una queja contra el juez y el magistrado ante el Consejo de la Judicatura local. Lo hice durante mi travesía por los juzgados y confirmé lo que me habían advertido mis abogados: espera palos porque entre ellos se protegen. Ya apelé porque creo que los abusos tienen que documentarse. Buscando alguna alternativa, pregunto a José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte y actual colega en El Colegio de México, si el ciudadano afectado por un fallo del Consejo de la Judicatura local puede apelar ante su equivalente federal: "Malas noticias", señala: "no hay nada qué hacer".
Las anomalías aquí descritas se deben en parte, me dicen los enterados, a la indiferencia de los partidos políticos y a la falta de interés de la ciudadanía y los medios. En 2024 renovaremos a quienes gobiernan la capital. Una bandera legítima para los capitalinos será exigir a los partidos que se tomen en serio la reforma del poder judicial de la CdMx. Es por ello que seguiré documentando en mis columnas la letalidad de unos jueces locales que lastran y lesionan el edificio democrático común.
@sergioaguayo
Colaboraron Dulce Alicia Torres Hernández y Erika Giselle Delgadillo Martínez
