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Un juez federal esperaba por conocer el jueves los argumentos para decidir si se nombra a un experto legal externo para que revise los archivos del gobierno incautados el mes pasado por el FBI durante un cateo en la finca del expresidente Donald Trump en Florida.
Los abogados de Trump dicen que es necesario el nombramiento de un especialista a fin de garantizar una inspección independiente de los documentos. Este tipo de revisión, agregan, permitiría que “información altamente personal”, como la contenida en bitácoras o cuadernos, se separe de la investigación y se devuelva a Trump, junto con cualquier otro registro que pueda estar protegido por reclamos del privilegio abogado-cliente o por el privilegio del poder ejecutivo.
Por su parte, el Departamento de Justicia alega que un nombramiento no está justificado porque los investigadores ya completaron su revisión de documentos potencialmente privilegiados y porque identificaron “un conjunto limitado de materiales que podrían contener información cubierta por el privilegio entre abogado y cliente”.
El gobierno agrega que Trump carece de fundamentos legales para exigir la devolución de los documentos presidenciales porque no le pertenecen. El Departamento también expresó su preocupación de que el nombramiento pueda retrasar la investigación, en parte porque un experto legal probablemente necesitaría obtener una autorización de seguridad para revisar los documentos y una autorización especial de las agencias de inteligencia.
