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El Departamento de Justicia se opuso el lunes a que se dé a conocer la declaración jurada que sustentó la orden de allanamiento de la mansión del expresidente Donald Trump en Florida, alegando que la investigación “implica material ultrasecreto” y el documento contiene información delicada acerca de testigos.
El gobierno expresó su oposición en respuesta a solicitudes ante la corte por parte de varias organizaciones noticiosas, incluida The Associated Press, para que se le retire el precinto a la declaración jurada que el Departamento de Justicia presentó cuando solicitó la orden de allanamiento para registrar la finca Mar-a-Lago.
El documento presentado ante la corte por el gobierno —firmado por Juan Antonio Gonzalez, fiscal federal en Miami, y Jay Bratt, un alto funcionario de seguridad nacional del Departamento de Justicia— alega que dar a conocer la declaración jurada “provocaría un daño significativo e irreparable a esta investigación penal en curso”.
El documento, dicen los fiscales, proporciona detalles sobre “información muy delicada acerca de testigos”, incluidas personas que han sido interrogadas por el gobierno, y contiene información confidencial de un jurado investigador.
El gobierno le dijo a un juez federal de primera instancia que los fiscales creen que algunos otros documentos, incluyendo la hoja de portada de la orden de allanamiento y la solicitud del gobierno de precintar los documentos, sí deberían ser dados a conocer ahora.
Un acuse de recibo desprecintado el viernes mostraba que el FBI incautó 11 conjuntos de documentos confidenciales, algunos de los cuales no solamente estaban etiquetados como ultrasecretos, sino también como “información delicada compartimentada”, una categoría especial creada para proteger los secretos más importantes de la nación, los cuales de ser revelados públicamente podrían causar daños “excepcionalmente graves” a los intereses estadounidenses. Los registros de la corte no proporcionaban detalles sobre la información que los documentos podrían contener.
La orden de allanamiento, también desprecintada el viernes, indicaba que agentes federales estaban investigando potenciales violaciones a tres leyes federales, incluida una que regula la compilación, transmisión o pérdida de información de defensa bajo la Ley de Espionaje. Las otras dos lidian con el ocultamiento, mutilación o el retiro de documentos, y la destrucción o falsificación de expedientes de investigaciones federales.
El allanamiento a Mar-a-Lago, llevado a cabo el lunes de la semana pasada, forma parte de una pesquisa del Departamento de Justicia en torno a documentos secretos de la Casa Blanca que fueron recuperados de la casa de Trump a principios de año. Los Archivos Nacionales le habían solicitado al departamento que investigara tras haber recuperado de la finca 15 cajas de archivos que incluían documentos clasificados.
