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Líderes de las protestas en Sri Lanka llamaron este lunes a la comunidad internacional y a organismos como Naciones Unidas a presionar al presidente, Ranil Wickremesinghe, para evitar nuevos episodios de violencia contra los manifestantes como el desalojo de la Secretaría Presidencial.
Desde el campamento Gota Go Gama, epicentro en Colombo de la revuelta social que comenzó a finales de marzo, el abogado Nuwan Bopage denunció en una rueda de prensa que Wickremesingue violó los derechos fundamentales de los manifestantes al desplegar al Ejército contra manifestantes pacíficos el pasado viernes.
Los líderes de las protestas anunciaron ayer que seguirán exigiendo la dimisión del recién investido presidente, en medio de la aguda crisis económica que azota al país, a pesar de la violenta operación de las fuerzas de seguridad contra aquellos que permanecían en el interior de la ocupada Secretaría Presidencial.
La Policía y militares intentaron además desmantelar varias de las carpas del campamento, unos incidentes que han atraído la condena internacional.
Bopage afirmó que la acción de las fuerzas de seguridad se produjo a pesar de que los manifestantes se habían comprometido a entregar el edificio ocupado el mismo viernes, y denunció la imposición de un estado de emergencia en el país.
"Casi siempre ha sido mal utilizado para recortar los derechos democráticos de las personas", señaló, y anticipó un "baño de sangre masivo" por el afán de Wickremesinghe de conservar el poder y la negativa de los manifestantes a abandonar las protestas.
El presidente, que accedió al cargo la semana pasada después de que el exmandatario Gotabaya Rajapaksa se viese forzado a dimitir y abandonar el país, se reunió el pasado fin de semana con diplomáticos para explicar la postura de su Gobierno.
Sumida en una grave crisis económica desde hace meses, con escasez de medicamentos, alimentos y combustible, la población comenzó a salir masivamente a las calles de todo el país a finales de marzo, para protestar por la situación y reclamar la dimisión del expresidente Rajapaksa.
Provocada en parte por el gran endeudamiento, erradas políticas gubernamentales, y el impacto de los atentados de Pascua y la pandemia en el turismo, los manifestantes culparon a Rajapaksa por su gestión de la crisis, que llevó a la nación insular a entrar en impago de su deuda exterior en abril.
