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El nuevo ministro de Infraestructuras de Italia, el ultraderechista Matteo Salvini, ha relanzado la controvertida idea de construir un puente sobre el estrecho de Messina para unir la península, desde Calabria, con la isla de Sicilia.
Ese proyecto se estudia desde hace 50 años pero nunca se ha puesto en marcha por problemas medioambientales y su enorme coste económico.
Salvini comunicó este sábado que ha contactado a los presidentes de la región de Calabria, Roberto Occhiuto, y de Sicilia, Renato Schifani, y acordaron organizar una reunión en el ministerio "para hacer un balance de la situación, con especial referencia al proyecto del puente sobre el estrecho de Messina".
Hace unos días, Salvini aseguró que había mantenido una reunión con ingenieros y expertos y ya hay una hipótesis de coste y tiempo, reafirmando la firme intención del Gobierno que encabeza la líder ultraderechista Giorgia Meloni de llevar a cabo el proyecto.
La construcción del puente que una la región de Calabria con la ciudad de Messina es una idea que se estudia desde 1971 y que Silvio Berlusconi en su segundo Gobierno (2001-2006) relanzó como uno de sus grandes sueños, aunque durante la legislatura no se colocó ni la primera piedra.
Posteriormente el Ejecutivo progresista de Romano Prodi detuvo la construcción del puente, una obra faraónica de 3,360 metros de longitud - 5,070 metros con las rampas de acceso-, al considerar que no era necesaria.
Con una altura sobre el nivel del mar de 64 metros y una anchura de 61, esta infraestructura iba a dar cabida a cuatro carriles de autopista en cada sentido de la marcha, así como dos líneas ferroviarias.
Diversas asociaciones de ciudadanos y medio ambiente han denunciado además los daños que se produciría en el ecosistema marino y que en la construcción del puente se podrían infiltrar las mafias de la zona, la 'Ndrangheta (Calabria) y Cosa Nostra (Sicilia).
La Dirección de Investigación Antimafia ha avisado en varias ocasiones del riesgo de que el crimen organizado pueda involucrase en el proyecto.
En 2012 el Gobierno tecnócrata de Mario Monti decidió aplazar dos años la decisión sobre la construcción del puente y después se decidió anular el proyecto.
El consorcio constructor que se adjudicó el proyecto, formado por la italiana Salini-Impregilo y un conjunto de empresas internacionales del que también formaba parte con el 18.7 por ciento la española Sacyr, comenzaron una batalla legal para recibir 300 millones de euros de penalización por la suspensión de las obras.
