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El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió luz verde para ajustar el ejercicio de revocación de mandato, de acuerdo al presupuesto con el que cuenta.
Con ello, la autoridad electoral podrá instalar, entre otros, menos casillas de las que se establecen en la ley, y sin que ello genere alguna responsabilidad penal o administrativa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la suspensión que el Instituto solicitó, para llevar a cabo la revocación acorde con el presupuesto que tiene (unos mil 500 millones de pesos).
Y es que la autoridad electoral no alcanzará a instalar las 161 mil casillas, debido a que el presupuesto no le alcanza para ello.
Fuentes del INE confirmaron que esta suspensión ocurrió este miércoles y ello representa una buena noticia.
Horas antes, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo del INE en el que hizo adecuaciones presupuestales para el ejercicio de revocación de mandato, en contra de una impugnación del partido Morena que pretendía que hubiera adecuaciones en salarios y otros rubros específicos.
A propuesta del magistrado José Luis Vargas y por mayoría, los magistrados confirmaron el acuerdo del INE y enfatizaron que ese organismo electoral tiene autonomía presupuestal que le permite hacer los ajustes que considere pertinentes para la revocación del mandato.
Defendió la implicación electoral del asunto, en contra de la posición del magistrado Indalfer Infante, quien señaló lo contrario y votó en contra de la propuesta.
El magistrado Vargas reconoció aspectos administrativos en la decisión del INE, pero también electorales, sobre los que propuso la confirmación del acuerdo con base en la autonomía del INE y los rubros que considerara pertinentes ajustar.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez, coincidió en la relevancia de la defensa de la autonomía presupuestaria del INE.
En otra sentencia, los magistrados desecharon los recursos interpuestos por el empresario Gustavo de Hoyos y una asociación civil, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, en los que pedían que se modificara la pregunta del ejercicio de revocación de mandato.
Por mayoría, los magistrados decidieron sobreseer los recursos, esto es, en los hechos, desecharlos.
Cabe recalcar que el viernes dará inicio la veda electoral por la consulta revocatoria, misma que finalizará el 10 de abril, día en que se lleve a cabo el proceso por parte del Instituto.
El silencio previo a la consulta tendrá una duración de 35 días naturales, a diferencia de los tres que duran en los procesos locales y presidenciales.
Esto implicará que los actos de campaña y proselitismo electoral estarán prohibidos para servidores de los tres poderes de Gobierno.
