"Fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación":
-Andrés Manuel López Obrador-
Apenas el 7 de abril el presidente advirtió a los ministros de la Suprema Corte que no salieran "con el cuento de que la ley es la ley". Al día siguiente, sin embargo, tras el fallo sobre la Ley de la Industria Eléctrica, declaró que este demuestra que en México "hay un verdadero estado de derecho".
En un documento en el portal del gobierno federal el mandatario añadió: "Nuestro máximo tribunal fue claro y preciso al declarar la constitucionalidad de diversos artículos". Gracias a la decisión, dijo, "se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley" y "se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente".
Se equivoca el presidente. El tribunal no fue "claro y preciso"; ni siquiera declaró "la constitucionalidad de diversos artículos" de la nueva ley. La mayoría de los ministros coincidieron, en efecto, en que algunos artículos son inconstitucionales, pero no lograron la mayoría calificada para una declaratoria formal de inconstitucionalidad. Aun así, sus criterios tendrán que ser tomados en cuenta por los tribunales inferiores que seguirán decidiendo sobre los numerosos amparos contra la ley.
Los ministros no le han dado al gobierno la facultad de revocar permisos de autoabastecimiento, ni de renegociar o terminar anticipadamente los contratos de los productores independientes. Si el gobierno opta por estas acciones, "probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión", como ha advertido el embajador estadounidense Ken Salazar. Quienes creyeron en México e invirtieron aquí, todavía están protegidos por las leyes.
El presidente da por sentado que puede revocar los permisos de autoabastecimiento, o por lo menos 110 que considera ilegales. Por eso el documento en el portal del gobierno afirma que "se revisarán y revocarán" estos permisos. La redacción revela también que AMLO piensa que la revisión es un mero trámite, que ya está tomada la decisión de revocar. Para eso, sin embargo, tendrá que demostrar que los permisos son ilegales. Las empresas afectadas podrán recurrir a los tribunales y ampararse, argumentando que los permisos se otorgaron de conformidad con la ley vigente en su momento. En cuanto a los contratos de los productores independientes, el gobierno no puede, de manera unilateral, renegociarlos o terminarlos de manera anticipada. Los contratos se firmaron también bajo las reglas vigentes y el gobierno tiene obligación de respetarlos hasta que concluya su plazo. Una nueva ley, aunque no haya sido declarada inconstitucional, no puede aplicarse de manera retroactiva.
El presidente pregona que el fallo de la Corte es un gran triunfo de su visión estatista. La verdad es otra: a pesar de la presión a los ministros, estos estuvieron a un voto de declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley. Los criterios que emitieron deberán ser considerados ahora por los jueces y magistrados de tribunales inferiores.
AMLO afirma que las decisiones de la Corte permitirán "rescatar" a la Comisión Federal de Electricidad y "mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz". Falso. Si la CFE necesita rescate, es por su propia ineficiencia, que no desaparecerá por el fallo de la Corte. La compra de electricidad más cara, por otra parte, no ayudará a evitar que suba el precio de la luz.
ACARREO
El domingo se despeñó en Chiapas un camión de redilas del ayuntamiento de San Fernando que llevaba a muchas personas a votar en la revocación de mandato. Dos personas murieron, ocho resultaron heridas. El acarreo tiene costos.
Twitter: @SergioSarmiento
