(SERGIO A. RODRÍGUEZ)
El gobierno del Estado no respondió a la petición de las organizaciones de taxistas de Coahuila, la aplicación de la ley de transporte sustentable a los operadores del servicio de taxi de plataforma InDriver que trabajan de manera ilegal.
Esto lo sostuvo Javier Hernández del Ángel, secretario general de la federación regional de trabajadores del transporte adherida a CTM, quien señaló que en enero próximo regresarán con las autoridades.
El pasado 15 de noviembre representantes de organizaciones de concesionarios de taxis de todo el Estado se reunieron en Saltillo con Miguel Ángel Algara Acosta, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) y Eduardo Olmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.
El motivo de la reunión fue pedir al gobierno que aplique la ley y retire de circulación a vehículos que fuera de la ley, sin pagar impuestos ni estar supervisados por las autoridades, ofrecen servicio de transporte privado a través plataformas de internet como InDriver.
Los funcionarios se comprometieron a hablar con las autoridades municipales para coordinar operativos conjuntos de búsqueda de operadores ilegales de transporte, para retirarlos de la circulación y multarlos.
El 23 de noviembre fue la fecha que los funcionarios estatales dieron a los taxistas como límite para coordinase con los municipios y realizar los operativos, recordó Hernández del Ángel.
Agregó que llegó y pasó el día en cuestión y no se concretó ningún acuerdo entre la SIDEUM y las direcciones municipales de Transporte y Vialidad.
Dijo que concluyó el mes y la situación no presentó ningún cambio, y se llegó a la mitad de diciembre y todo continúa igual.
El Estado aprobó a InDriver para trabajar en Coahuila, y otorgó registro a varios choferes de la plataforma de internet en Saltillo, Torreón y Monclova, “pero no pueden legales, porque no hay oficinas locales que les hayan extendido (a los choferes) la carta para tramitar la licencia tipo D ni están inscritos en Transporte y Vialidad y Tesorería de los municipios, para obtener los permisos y pagar los derechos municipales.”
Hernández del Ángel indicó que no se oponen las organizaciones de taxis a que trabajen los sistemas de servicio a través de aplicaciones de plataforma de Internet.
Exigen que trabajen esas empresas dentro de los marcos legales, paguen impuestos y estén sujetos a los controles de seguridad de los municipios y del Estado.
Manifestó que en Monclova quienes operan como prestadores del servicio a través de plataformas, son ex choferes de taxi que fueron corridos de todas las bases por ser malos elementos.
Indicó que las organizaciones de taxis en enero reanudarán las demandas para que el gobierno apliquen la ley y retire de circulación a los prestadores de servicio de InDriver que trabajen de manera ilegal.
Reiteró que quienes estén operando dentro de todos los márgenes jurídicos establecidos, tienen derecho a seguir laborando.
Concluyó la entrevista advirtiendo que las organizaciones podrían tomar medidas y realizar acciones para obligar al gobierno a que cumpla y haga cumplir la ley.
