(ESPECIAL)
Indígenas nicaragüenses han sufrido numerosos ataques, algunos mortales, mientras los recursos naturales en sus territorios son explotados sin el consentimiento de sus pueblos, denunció hoy el Comité de la ONU contra el Racismo en un informe sobre la situación en el país centroamericano.
El comité expresa particularmente su preocupación por los numerosos ataques que se han perpetrado contra pueblos indígenas en el territorio Mayangna Sauni As, en la reserva de la biosfera de Bosawás, y expresó su temor a que las agresiones puedan quedar impunes, ante la aparente falta de investigaciones.
Por otro lado, la ausencia de demarcación en algunos territorios indígenas ha causado "ataques e invasiones ilegales de colonos y personas no indígenas, generando graves conflictos y violencia en torno al acceso de la tierra y recursos naturales".
El informe también denuncia las irregularidades en la concesión de licencias para la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo en territorios indígenas, a menudo sin consultar previamente a estas minorías, o usando a personas no legitimadas como supuestos representantes de estos pueblos.
"Preocupa seriamente al comité que el proyecto del Gran Canal Interoceánico, que afecta el territorio del pueblo indígena rama y de las comunidades afrodescendientes kriol y el territorio de la comunidad creolé de Bluefields, no haya sido debidamente consultado con los pueblos afectados", indicó el comité.
Diversos proyectos extractivos agroindustriales y de infraestructura están afectando gravemente los medios de subsistencia y formas de vida de pueblos indígenas y afrodescendientes, "generando crisis alimentarias, desplazamiento forzado y problemas de salud para las comunidades afectadas", agregó el documento de Naciones Unidas.
El informe denuncia el uso excesivo de la fuerza contra estas minorías, incluyendo muertes bajo custodia de miembros de las comunidades, y señala que éstos también son víctimas del aumento de la represión generalizada en el país desde que estallara la crisis social y política en abril de 2018.
El comité, formado por 18 expertos y presidido por la jamaicana Verene Albertha Shepherd, lamentó asimismo la "falta de cooperación e interacción del Estado con los sistemas regional y universal de protección de derechos humanos".
Algo que se tradujo, por ejemplo, en la no comparecencia del Estado nicaragüense en la sesión del Comité dedicada a Nicaragua, el pasado 10 de agosto, tras la que se elaboró el informe publicado hoy.
Dicho informe del comité critica asimismo la falta de información actualizada sobre la composición demográfica de la población de Nicaragua, donde no se lleva a cabo un censo nacional desde 2005.
