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Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los papás y mamás de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, afirmó que el informe que presentó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez es una posición política del gobierno que dista mucho del esclarecimiento de lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Rosales Sierra, quien también es abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, afirmó que el gobierno federal tiene una nueva verdad a partir de la nueva investigación que inició.
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Uno de los arquitectos de la llamada 'verdad histórica' en el caso Ayotzinapa"En los próximos días vamos a entrar a una etapa donde el gobierno va a decir que ya está es la nueva verdad, que ya están los resultados de la nueva investigación y lo que realmente sucedió es que fueron divididos (los normalistas) en tres grupos para asesinarlos", dijo el abogado.
Rosales Sierra cuestionó que la nueva verdad el gobierno federal la haya construido con un solo testigo principal y con dos secundarios, pero sin pruebas contundentes.
"Para nosotros eso es una posición política del gobierno que quiere hacer ver que ya cumplieron con Ayotzinapa, que ya está esclarecido el hecho pero dista mucho de llegar a esos niveles de esclarecimiento", dijo Rosales.
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Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas, dijo el partido"Para decir que ya se sabe lo que ocurrió, estamos lejos", atajó el abogado. "La disputa con el gobierno federal va a ser por eso, porque para ellos su conclusión es que ya se esclareció el hecho y nosotros obviamente negaremos eso", agregó.
Rosales Sierra dijo que aún falta que el Ejército colabore en la investigación pese a que fue una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que los militares ofrecieron información pero se niegan a ratificarla anta el Ministerio Público.
Contó que entre la información que es necesario que ratifique es la transcripción de una supuesta llamada que intervino el Ejército la noche del 26, donde supuestos criminales y mandos de la Policía de Iguala se ponen de acuerdo para sacar de barandillas a los jóvenes.
En el informe, Encinas Rodríguez dijo: "No hay ningún indicio de vida, y eso no es una coincidencia con la verdad histórica; es una triste realidad", dijo Encinas Rodríguez. También reconoció que fue un crimen de Estado.
