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La Presidencia de Sudáfrica rechazó hoy las peticiones que buscan la dimisión del mandatario del país, Cyril Ramaphosa, tras las acusaciones lanzadas en su contra por un presunto caso de corrupción.
"El presidente no ha sido acusado de ningún delito. Se están haciendo investigaciones y la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario que consagra la Constitución debe prevalecer", señaló este domingo el Ramaphosa, Vincent Magwenya, durante una rueda de prensa en Pretoria.
Según Magwenya, el mandatario sudafricano "se hará a un lado con mucho gusto" si finalmente es acusado penalmente.
Asimismo, el portavoz presidencial aseguró que todavía existe una relación "cordial" entre Ramaphosa y su gabinete.
Las acusaciones contra el presidente surgieron a raíz de un robo de cerca de cuatro millones de euros en una de sus propiedades rurales, un incidente que, según aseguró el exjefe de la agencia de inteligencia del país, Arthur Fraser, el pasado mes de junio, la Policía y la Hacienda sudafricanas intentaron ocultar al público.
Ramaphosa dijo entonces que la cantidad robada provenía de la venta de animales de presa y no de una operación de lavado de dinero.
Sin embargo, el partido político opositor Movimiento Africano de Transformación (ATM, por sus siglas en inglés) acusa a Ramaphosa de, entre otros delitos, incumplir la Constitución, que prohíbe a los integrantes del Gobierno llevar a cabo otras labores profesionales remuneradas.
Los opositores también acusan a Ramaphosa de incumplir la ley al no haber denunciado los hechos formalmente ante la Policía y haber informado únicamente al jefe de la unidad policial destinada a la protección del presidente.
El pasado 21 de junio, el principal partido de la oposición, la liberal Alianza Democrática (AD), anunció que había pedido al Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense indagar en el caso.
Además, el pasado 19 de octubre se formó un panel independiente en el país formado por tres juristas para valorar las acusaciones lanzadas contra Ramaphosa.
Según reportaron los medios locales, el panel, que cuenta con el plazo de un mes para emitir su resolución, no tiene competencias de investigación y tendrá que utilizar las pruebas puestas a su disposición para sostener estos cargos.
