(ESPECIAL)
El procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, confirmó este jueves que se ha registrado la muerte de personas detenidas bajo el régimen de excepción, aprobado a finales de marzo tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas.
"Hay muertes ocurridas en el contexto del régimen de excepción de personas que han estado privadas de libertad, ", dijo Tobar en una entrevista televisiva.de personas que han llegado a hospitales procedentes de centros penitenciarios
Agregó que "debe investigarse qué pasó, cómo pasó y a causa de qué pasó y eso es lo que estamos haciendo desde la Procuraduría", indicó.
"Tenemos que pedir los informes a los hospitales, a Medicina Legal, para que veamos las causas y luego tendremos que presentar un informe al país sobre los fallecidos en el contexto del régimen de excepción" para "determinar la responsabilidad", agregó.
A finales de julio, el Estado de El Salvador aseguró a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que supuestamente investiga la muerte de personas detenidas bajo el régimen de excepción, sin señalar una cifra.
"El Estado comunica que las situaciones presentadas (muertes) han dado lugar a investigaciones que se encuentran en proceso bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República", señaló El Salvador.
Agregó que además se activó "la vía administrativa a través de la Inspectoría General de Seguridad Pública, con el fin de esclarecer los hechos y deducir la responsabilidad pertinente".
Los ministerios de Salud y Seguridad, el Instituto de Medicina Legal (forense) y la Fiscalía General de la República (FGR) no han proporcionado información o estadísticas sobre estas muertes a solicitudes hechas por Efe mediante el mecanismo habilitado por la Ley de Acceso a la Información Pública.
De acuerdo con una reciente publicación del periódico La Prensa Gráfica, "fuentes internas" del Instituto de Medicina Legal confirmaron la muerte de 73 personas detenidas durante el régimen de excepción.
Una escalada de asesinatos a finales de marzo dio pie a que el Gobierno del presidente Nayib Bukele pidiera la suspensión de garantías constitucionales, medida que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y se ha prorrogado en cinco ocasiones.
Con esta medida, el Ejecutivo dice estar ganando la "guerra contra las pandillas". No obstante, el Gobierno no ha informado si cuenta con un plan definitivo para atender el fenómeno de las pandillas.
