Quintero fue detenido por agentes de la Marina Armada de México en los límites de Sinaloa con Chihuahua. Ahora el Gobierno de Joe Biden exige su extradición a la brevedad.
Rafael Caro Quintero, hijo de una familia de campesinos y con apenas estudios de primaria, fue uno de los principales responsables de una de las crisis diplomáticas más importantes que ha confrontado a México y Estados Unidos.
El interés particular de Estados Unidos por Caro Quintero sobresalió sobre el de otros líderes del narcotráfico mexicano como lo fueron Joaquín "El Chapo" Guzmán, o Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", entre una lista de capos considerados y calificados como más violentos y sanguinarios.
Se pudo considerar que Washington veía su captura como una afrenta personal.
Caro Quintero, hijo de Emilio Caro Payán y Hermelinda Quintero, nació el 24 de octubre de 1952 en La Noria, municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuna de Joaquín "El Chapo" Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva.
Desde finales de la década de 1970 y principios de los años 80, encabezó junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto", el último monopolio del narcotráfico que operaba en territorio nacional.
Expertos en temas de seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de México, sostienen que luego de que las operaciones de producción y transporte de sustancias ilegales estuvo concentrado en pocas manos, hay indicios y evidencias de la protección y cobertura de agentes de los servicios de inteligencia de los dos países.
El comienzo del fin del imperio del fundador del Cártel de Guadalajara e histórico líder del Cártel de Sinaloa no se debió al tráfico de narcóticos a la Unión Americana o casos de violencia generalizadas, sino el asesinato de Enrique "Kiki" Camarena Salazar, un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.
ESCÁNDALO Y CRISIS
"Kiki" Camarena detectó en 1984 en un sobrevuelo el rancho "El Búfalo", en Chihuahua, el cual era considerado por el Gobierno de Estados Unidos como el mayor centro de producción, acopio y manufactura de marihuana en la historia.
La DEA dio datos del rancho al Gobierno mexicano, mismo que la Secretaría de la Defensa Nacional intervino el 6 de noviembre.
En el laboratorio clandestino se ubicaron a más de cuatro mil campesinos, mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se aseguraron más de seis mil toneladas de cannabis, una cifra histórica a nivel global en ese entonces.
La respuesta del Cártel llegó en febrero de 1985 cuando "Kiki" Camarena y un piloto mexicano llamado Alfredo Zavala Avela, fueron secuestrados en Guadalajara, Jalisco; sus cadáveres fueron encontrados el 5 de marzo de ese año en Michoacán.
El homicidio de Camarena provocó una crisis diplomática de dimensiones no vistas entre los dos Gobiernos en los últimos 60 años.
A partir de entonces, empezaron a aparecer en la prensa estadounidense publicaciones contra altos funcionarios mexicanos implicados en el narcotráfico.
Caro Quintero huyó a Costa Rica con Sara Cosío, sobrina del exgobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, pero hasta allá fue localizado y detenido el 4 de abril de 1985 y deportado a México.
Posteriormente se dio a conocer que Quintero había logrado huir a Centroamérica con una credencial de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la entonces policía política que dirigía José Antonio Zorrilla y que era parte del organigrama de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular por aquellos tiempos era Manuel Bartlett.
La crisis provocada por el caso Camarena fue el último clavo en el ataúd para la DFS, disuelta el 29 de noviembre de 1985 por el entonces presidente Miguel de la Madrid. La corporación ya estaba inmersa en el escándalo desde el asesinato del periodista Manuel Buendía, un año antes, así como su participación en actos de tortura y represión.
No obstante, la crisis escaló más luego de que el Departamento de Justicia de EUA presentó en las Cortes Federales a Jorge Godoy López y René López Romero, pistoleros de "Don Neto", quienes en calidad de testigos protegidos acusaron a altos funcionarios mexicanos en el crimen de Camarena.
René López Romero declaró que cuando Camarena ya estaba secuestrado, Quintero y "Don Neto" se reunieron con Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa Nacional; Enrique Álvarez del Castillo, gobernador de Jalisco, y Bartlett.
Dijo que algunos de los funcionarios eran asistentes habituales a las fiestas de los capos, a las que también asistían Rubén Zuno Arce, cuñado del recién fallecido expresidente Luis Echeverría, y Javier García Paniagua, exjefe de la DFS.
Zuno Arce, detenido en 1989 en Texas, había sido propietario de la casa donde Camarena fue torturado. Zuno murió en 2012 a los 82 años de edad, purgando una cadena perpetua.
Por su parte, Bartlett, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, no ha estado en suelo estadounidense desde 1992; ha descalificado las acusaciones en su contra, basadas --dice-- en "testigos pagados" por la propia agencia antinarcóticos.
DETENIDO, LIBERADO Y RECAPTURADO
Quintero fue sentenciado en México a 40 años de cárcel por el crimen de Camarena.
Durante 28 años, el capo pasó por diversos reclusorios de baja seguridad de la capital del país, así como los penales federales del Altiplano y Occidente, su última estancia bajo el sistema penitenciario fue en el penal estatal de Puente Grande, en Jalisco.
El 9 de agosto de 2013 abandonó Puente Grande acompañado de cinco abogados.
Su libertad volvió a ubicarlo como uno de los principales enemigos públicos de Estados Unidos, donde el precio por información que llevara a su detención subió a 20 millones de dólares, cifra histórica.
Caro Quintero estuvo cerca del mismo nivel de interés de captura que el extinto líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.
Tras salir de Puente Grande, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó su libertad y, en consecuencia, en enero de 2015 el Segundo Tribunal Unitario Penal de Guadalajara ordenó su reaprehensión y ratificó su condena de 40 años de cárcel.
A solicitud de Estados Unidos, el 11 de agosto de 2013 el Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México ordenó su detención provisional con fines de extradición por ocho cargos, tres de ellos relacionados con el crimen del agente de la DEA.
En consecuencia, ayer, fue detenido por agentes de la Marina Armada de México en los límites de Sinaloa con Chihuahua. Ahora el Gobierno de Joe Biden exige su extradición a la brevedad.
