La reforma electoral representa una regresión para la democracia en México, asegura la Coparmex.
Las modificaciones a las leyes secundarias que se aprobaron en el Senado en materia electoral abren la puerta a elecciones de Estado y ponen en riesgo el proceso de 2024, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De acuerdo con este organismo, dicha reforma representa una regresión para la democracia en nuestro país "y es una afrenta para la ciudadanía que por más de 30 años ha luchado para construir instituciones sólidas que brinden certeza a los procesos para elegir a nuestros representantes".
La Coparmex, que se ha sumado abiertamente a la defensa del INE, fijó su postura al respecto y destacó que un efecto adverso muy preocupante es a la economía, ya que esta reforma genera incertidumbre política ante la posible comisión de fraudes y actos irregulares de funcionarios durante las campañas.
"La frágil confianza en nuestro país se ve aún más vulnerada con estas modificaciones legales que podrían ahuyentar inversiones, convertirse en un freno económico y agravar la inflación que golpea el bolsillo de las familias", señaló.
Lamentó además que la mayoría de diputados y senadores hayan ignorado la voz de la ciudadanía que, en manifestación pacífica y respetuosa marchó el pasado 13 de noviembre en las calles, además de que ha encabezado la conversación en redes sociales haciendo la exigencia de respecto a la democracia y a las instituciones que la hacen posible.
Por otro lado, las modificaciones aprobadas por el Senado comprometen la competencia electoral y nuestro derecho a tener procesos electorales pacíficos, transparentes, con resultados confiables que nos alejen de conflictos postelectorales.
Con la resolución adoptada, los jóvenes reciben por herencia un país que favorece la concentración del poder, la impunidad para quienes no quieren elecciones limpias y justas, los abusos en las campañas; en suma, un país menos democrático.
EXIGENCIA SE CANALIZARÁ AL PODER JUDICIAL
A partir de la aprobación de la reforma, la sociedad civil exigirá al Poder Judicial, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine la improcedencia de los flagrantes elementos violatorios a la Constitución dentro del paquete de reformas.
De la misma manera, el Tribunal Electoral (TEPJF) deberá resolver los recursos que reciba para preservar los derechos políticoelectorales de los ciudadanos que esta reforma vulnera; confiamos en las acciones legales que emprenderán tanto el INE como los partidos políticos, y estaremos abiertos a respaldar jurídicamente a los ciudadanos que deseen exigir la vigencia y respeto de sus derechos.
