Hasta ahora, el comité del 6 de enero se ha abstenido de emitir citaciones a los legisladores por temor a las repercusiones de un paso tan extraordinario. (ARCHIVO)
Los que asaltaron la sede del Congreso estadounidense el 6 de enero de 2021 lograron, al menos temporalmente, retrasar la certificación de la elección de Joe Biden a la Casa Blanca. Horas antes, el legislador republicano Jim Jordan trataba de lograr lo mismo.
En mensajes de texto con el entonces jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows, un aliado y amigo, casi a la medianoche del 5 de enero, Jordan ofrecía una justificación legal para lo que el presidente Donald Trump exigía públicamente: que el vicepresidente Mike Pence, en su papel ceremonial presidiendo el conteo electoral, rechazara de alguna manera los estados ganados por Biden, incluso declarando inconstitucionales los votos conseguidos.
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También se producen otros cambios durante su nombramiento“He presionado por esto”, respondió Meadows. “No estoy seguro de que vaya a suceder”.
Los mensajes, incluidos en un documento judicial del 22 de abril presentado ante una corte por un panel del Congreso que investiga los disturbios del 6 de enero, se encuentra en un lote de evidencia sorprendente que muestra la profunda participación de algunos republicanos de la Cámara de Representantes en el intento desesperado de Trump por permanecer en el poder. Una revisión de la evidencia encuentra nuevos detalles sobre cómo, mucho antes de que ocurriera el ataque al Capitolio, varios legisladores republicanos participaban directamente en la campaña de Trump para revertir los resultados de unas elecciones libres y justas.
Es una conexión que los miembros del comité investigador de la Cámara de Representantes están haciendo explícita mientras se preparan para iniciar las audiencias públicas en junio. Los republicanos que conspiraban con Trump y los alborotadores que atacaron el Capitolio estaban alineados en sus objetivos, si no en las tácticas violentas, creando una convergencia que casi trastocó la transferencia pacífica del poder en la nación.
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Su prohibición evitaría la muerte de entre 300 mil y 650 mil personas por tabaquismo a lo largo de 40 años“Parece que un número significativo de miembros de la Cámara y algunos senadores tuvieron una participación más que pasajera en lo que sucedió”, dijo la semana pasada a The Associated Press el representante Bennie Thompson, presidente demócrata del comité 6 de enero.
Desde que comenzó su investigación el verano pasado, el panel ha obtenido lentamente nuevos detalles sobre lo que dijeron e hicieron los legisladores en las semanas previas a la insurrección. Le han pedido a tres legisladores republicanos —Jordan de Ohio, Scott Perry de Pensilvania y el líder de la minoría en la cámara baja Kevin McCarthy, de California— que testifiquen voluntariamente. Todos se han negado. Otros legisladores podrían ser llamados en los próximos días.
Hasta ahora, el comité del 6 de enero se ha abstenido de emitir citaciones a los legisladores por temor a las repercusiones de un paso tan extraordinario. Pero la falta de cooperación de los congresistas no ha impedido al panel obtener nueva información sobre sus acciones.
