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Servicio de grúas en Lerdo carece de licitación

El servicio de grúa y corralón que se presta mediante el Municipio no fue debidamente licitado

Los conductores sancionados no tienen otra opción más que aceptar la imposición de que su unidad sea arrastrada por la grúa de una sola empresa, que pactó con el Ayuntamiento.

Los conductores sancionados no tienen otra opción más que aceptar la imposición de que su unidad sea arrastrada por la grúa de una sola empresa, que pactó con el Ayuntamiento.

DIANA GONZÁLEZ

Cuando a un ciudadano le es asegurado su vehículo en un operativo vial en Lerdo, las corporaciones municipales mandan traer la grúa y se lo lleva al corralón, como en todos los municipios, con la diferencia de que este servicio en Lerdo no fue licitado por el ayuntamiento, ni fue concesionado, resulta muy caro para los ciudadanos y no hay ningún beneficio económico registrado para el Municipio.

Fue en sesión de Cabildo de este jueves, donde uno de los temas que se abordaron fue el del servicio de grúas y corralón que se prestan mediante y por intervención del ayuntamiento, que tiene un contrato con un particular para brindar este servicio.

Para otorgar el contrato, el ayuntamiento de Lerdo no realizó una licitación pública como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, a la cual están sometidos los Ayuntamientos.

Ayer, el alcalde Homero Martínez Cabrera, mencionó que dentro de sus facultades se encuentra la celebración de este tipo de contratos.

El problema es que el servicio que presta el particular de las grúas y corralón, ofrece un mal servicio y un alto costo que no paga el Ayuntamiento, sino los conductores sancionados, quienes no tienen otra opción más que aceptar la imposición de que su unidad sea arrastrada por la grúa de una sola empresa, que pactó con el Ayuntamiento.

En otros municipios, los Ayuntamientos pagan por los servicios a la empresa y se tiene un control en las tarifas, pero en Lerdo "actualmente el particular cobra lo que él quiere o decide. Las tarifas no están establecidas en ninguna parte", dijo el regidor panista Ángel Luna, quien previamente hizo la observación en el Cabildo a raíz de las quejas ciudadanas.

UN 'VIAJE' EN GRÚA POR 108 MIL PESOS

Recientemente una persona que tiene un triciclo y vende fruta, recién compró una motocicleta para de manera rudimentaria pegarla a un triciclo y facilitar su labor de venta, pero en un operativo vial le fue retirada su unidad con un multa de mil 900 pesos por no contar con su documentación en orden. A esta cantidad se suman 2 mil 700 pesos del corralón y la grúa. Es decir, el Municipio pedía al vendedor de fruta 4 mil 600 pesos para soltar su motocicleta.

El problema fue que cuando se hizo el operativo y aseguraron la motocicleta del vendedor de fruta, la subieron junto con otras 40 motos en una misma grúa. Es decir, por un viaje la grúa se ganó 108 mil pesos.

¿QUIEN GANA?

El contrato que tiene el Ayuntamiento fue otorgado al ciudadano Martín Quiñones Rodríguez, y según indica el documento, fue a título gratuito, es decir, el prestador de servicio que es la empresa no está obligada a reportar ningún ingreso al Municipio.

El contrato se dio a título gratuito y el empresario presta el servicio que el Ayuntamiento no tiene capacidad de brindar, porque no tiene grúa ni corralón ni personal para ello, pero el Ayuntamiento permite al particular cobrar lo que quiere, es decir, establecer sus propias tarifas, dejando al ciudadano indefenso ante algún abuso en ese sentido y permitiendo que un ingreso que podría obtener el Ayuntamiento se vaya a un particular, evitando también que estos recursos que pagan los ciudadanos por grúa y corralón sean objeto de alguna auditoría gubernamental.

"No sabemos cuánto de ese ingreso, no se reporta a las arcas municipales, entonces, ¿de qué tamaño es el ingreso del particular, entonces?, no lo sabemos y tampoco sabemos por qué se escogió a él y no a otro", dijo el regidor.

Evaden la ley

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios menciona:

* Artículo 16. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza, serán adjudicados o se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, a fin de asegurar al Estado y Ayuntamientos las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

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