La Política Estatal Anticorrupción contempla las acciones que se deben implementar en las distintas instancias. (EL SIGLO DE TORREÓN)
"Es una realidad que existe una percepción social generalizada de la inutilidad de las denuncias para perseguir, investigar y sancionar faltas y hechos de corrupción", refriere un diagnóstico sobre impunidad incluido en la Política Estatal Anticorrupción que se presentó en Durango.
En el documento de más de 300 páginas, que se elaboró con la participación de académicos, colegios de profesionistas, servidores públicos, organismos autónomos, magistrados y sociedad civil, además de que se hizo una encuesta y Foros.
En el apartado relativo al diagnóstico en materia de impunidad, se hace referencia a diversos documentos y estudios como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 del Inegi, donde se establece que el 51.7 % de la población mexicana considera que presentar una denuncia por actos de corrupción representa una pérdida de tiempo o bien, considera que es inútil pues no se le daría seguimiento.
"Lo anterior, explica el por qué, en el Estado de Durango solamente el 5.5 % de la población de 18 años y más que sufrió algún acto de corrupción afirmó haber denunciado de acuerdo con los datos señalados en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021", establece el documento.
Y continúa: "Esta percepción social sobre la inutilidad de la denuncia como mecanismo para controlar la corrupción puede encontrar sustento en la evidencia disponible sobre el procesamiento de denuncias a escala estatal".
Además, se hizo referencia a que otro argumento que sustenta la poca efectividad de la denuncia se hace evidente al analizar las cifras sobre procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos.
Al respecto, "la información recabada por el Inegi refiere que los órganos internos de control de la administración estatal de Durango concluyeron solo 25 procedimientos de responsabilidad administrativa en 2020, a ello habría que agregar que la resolución se dio por alguna falta administrativa calificada como no grave".
También se incluyen datos proporcionados por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango que señalan que, al 30 de mayo del 2022, "el Tribunal cuenta con 71 expedientes en materia de procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 67 se encuentran en trámite y solo cuatro han concluido, tres de ellos con sentencias absolutorias y otro con sentencia de inhabilitación temporal por un año".
Y se incluyen los datos del Inegi sobre la conclusión de procedimientos donde se establece que "solo alrededor del 20 % de las denuncias se resuelven con una sanción, lo que destaca la percepción de la ineficacia de la denuncia y, por ende, disminuye la confianza y prevalece la impunidad, como manifestaron las personas participantes en los Foros de Consulta Regional que se llevaron a cabo para la contextualización de esta Política".
Además, a través de los datos del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2021 se conoce que "en la Administración Pública Estatal, la sanción impuesta con mayor frecuencia fue la amonestación (pública o privada). Los datos también revelan que, en menor medida, se sancionó a servidores públicos con una suspensión e inhabilitación temporal".
"El hecho de que la mayoría de los procedimientos de responsabilidad en los que existen sentencias condenatorias impongan como sanción una amonestación, refuerza la percepción ciudadana sobre la ineficacia de las denuncias para controlar la corrupción, pues se interpreta como una sanción leve, en consecuencia, provoca la idea generalizada de que las denuncias no surten los efectos esperados y las transgresiones a la norma quedan impunes".
Asimismo, "según datos de la Encuesta para la Construcción de la PEA dirigida a la población en general, el 66.8 % de los participantes consideró que la corrupción existe porque no hay castigo para los corruptos. Por otra parte, el 43.5 % de los participantes opinó que 'la corrupción se debe a la impunidad existente en la que los corruptos no enfrentan sanciones ni consecuencias de sus actos indebidos'. Mientras que el 19.4 % de los participantes consideró que 'para combatir la corrupción se necesita investigar a los culpables y que sean verdaderamente sancionados por las autoridades' parámetros que, sin duda, exigen a las instituciones y autoridades de Durango, especialmente aquellas que intervienen en la detección, investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, procesen las acusaciones por incumplir la norma y sancionen a los culpables", agrega el diagnóstico.
