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La Suprema Corte de Justicia registró ayer un empate a cinco votos al revisar la figura de los superdelegados, creados para operar en los estados los programas sociales del actual Gobierno federal.
Cinco ministros apoyaron un proyecto que declara la invalidez de las llamadas Delegaciones de Programas para el Desarrollo, que están adscritas a la Secretaría de Bienestar, pero dependen directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Otros cinco votaron por la validez de esta reforma, vigente desde el primer día de este sexenio.
Con los resultados de esta votación, la Corte podía haber desestimado ayer mismo la controversia, sin emitir pronunciamiento alguno, por no existir los ocho votos necesarios para anular.
Pero el presidente Arturo Zaldívar propuso retomar el tema el próximo lunes, cuando ya estará presente la ministra Loretta Ortiz, para que rompa el empate.
Ortiz fue nominada a la Corte por López Obrador y es poco probable que apoye el proyecto, por lo que su voto solo servirá para que la sentencia incluya un pronunciamiento de que la figura de los superdelegados es constitucional, mismo que solo requiere mayoría de seis ministros.
Si Ortiz llega a votar a favor del proyecto, el resolutivo de todos modos será desestimar, sin pronunciamiento de la Corte, pues solo habría seis votos por la invalidez.
El ministro Luis María Aguilar, autor del proyecto, sostuvo que los artículos 17 Ter y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF), reformados en noviembre de 2018, violan el principio de legalidad, porque no delimitan con claridad las atribuciones de los superdelegados.
"El 17 Ter no da certeza sobre cuáles son los límites de las facultades de las delegaciones en la implementación de los programas, con lo que el alcance de sus atribuciones puede incluir la implementación irrestricta de medidas en las entidades, no necesariamente relacionadas con facultades de la Secretaría de Bienestar", expuso Aguilar.
Los ministros Norma Piña y Alfredo Gutiérrez sostuvieron que el problema no es la posible invasión de atribuciones estatales, sino a otras dependencias federales, pues los superdelegados pueden operar toda clase de programas del Gobierno.
"¿Quién decide finalmente sobre la implementación de los planes, programas y acciones asignados a las secretarías de Estado?, ¿los titulares o los delegados?
"¿Los delegados pueden ejercer presupuesto no asignado a la Secretaría de Estado a la que están adscritos?", cuestionó Piña.
Gutiérrez afirmó que se rompe el esquema constitucional de ejercicio del Poder Ejecutivo por medio de las secretarías de Estado, y que los superdelegados son una especie de órgano administrativo transversal, que puede vigilar o supervisar programas que implementan secretarías distintas a Bienestar.
La mayoría rechazó que existan estos vicios y afirmó que está claro que los superdelegados solo están facultados para operar programas federales, sin invadir atribuciones de los Gobiernos locales.
