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Las condiciones de seguridad en las minas de la región carbonífera no han mejorado a pesar de que siguen ocurriendo tragedias todos los años, reclaman integrantes de la Organización Familia Pasta de Conchos.
Ricardo Patlán, integrante de la organización, asegura que este tipo de tragedias reflejan que no ha cambiado nada en años en esta zona donde se extrae 99% del carbón del país: "Este tipo de sucesos deben de prevenirse, alguien deja de estar haciendo algo", comenta.
El familiar de un minero fallecido en Pasta de Conchos en 2006 reclama que a pesar de que una de las demandas de la organización es la no repetición, cada año no dejan de suceder accidentes y tragedias. La última que se recuerda ocurrió en junio del año pasado, cuando en la comunidad de Rancherías, en el municipio de Múzquiz, perdieron la vida siete trabajadores.
Patlán afirma que los pocitos siguen siendo inseguros y que en todo ese tiempo hay muchos incidentes que no se reportan y que únicamente salen a la luz cuando es imposible tapar la noticia, como ahora con el caso de los 10 los mineros atrapados.
Omar Navarro, también de la Familia Pasta de Conchos, explica que en la región carbonífera se mantiene la mala costumbre de que los empresarios estereotipan a los mineros y quieren hacerles creer que deben ser valientes para que no se quejen de las condiciones inseguras, sobre todo en desarrollos como los pocitos.
Asegura que pasan gobiernos y los siniestros siguen ocurriendo. Siguen las promesas a familiares, a la comunidad, a los mineros, pero no sirven de nada porque en esencia siguen sin aplicar la ley.
"Deberían prohibirse estos pozos, son muy precarias las condiciones. No puede existir seguridad por la forma como se estructura", considera Navarro.
En 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 62/2018 por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, medio ambiente, salud y otras garantías por la explotación de carbón mineral en Sabinas, en especial por casos en los poblados de Cloete y Agujita, donde ocurrió el siniestro.
"No se aplica la ley"
Luis Fernando Camacho Ortegón, director del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), detalla que la minería está sujeta a una reglamentación federal como las normas 032 y 023 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y son en ese sentido, las autoridades federales las que están obligadas a revisar que las reglas de operación se cumplan.
El artículo 34 de la Ley Minera y el artículo 57 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establecen la obligatoriedad de designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero debidamente autorizado.
Sin embargo, el ingeniero metalúrgico Guillermo Iglesias refirió que muchas veces los empresarios prefieren ahorrarse ese gasto en ingenieros y no realizar los estudios y diagnósticos.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado de Coahuila únicamente cuenta con 12 inspectores para toda la entidad y para todas las industrias, no solo la minera.
Se estima que sólo en la minería se tiene concesionado 7% del territorio del estado (un millón 36 mil hectáreas), según datos de la Secretaría de Economía.
Algunas tragedias
Pese a lo recurrente de los accidentes mineros, éstos continúan registrándose.
3 de mayo de 2011. Pozo 3, BINSA. Ejido Sabinas, Sabinas, 14 muertos.
25 de julio de 2012. La Florida, Múzquiz, 7 muertos.
3 de agosto de 2012. Mina 7, Mimosa, 6 muertos.
2017. Minera del Norte Mimosa Mina VII, municipio de Progreso, 5 muertos.
4 de junio de 2021. Mina Micarán, Rancherías, Múzquiz, 7 muertos.
