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Los países de la Unión Europea llegaron este sábado a un acuerdo para desbloquear el paquete de 18.000 millones de euros de ayuda financiera a Ucrania para el año que viene, sorteando así el veto que ha mantenido Hungría.
"Ucrania puede contar con la UE. Continuaremos apoyando a Ucrania, también financieramente, tanto tiempo como sea necesario. (...) Ucrania puede contar con apoyo financiero de la UE a lo largo de 2023", confirmó en un comunicado el Consejo de la UE, la institución que representa a los países.
Los países de la UE han encontrado así una solución que les permite sortear el veto de Hungría, que ha mantenido bloqueada la ayuda a Ucrania como medida de chantaje para que sus socios europeos dieran luz verde a su plan de recuperación y no le congelen los fondos por cuestionarse su respeto al Estado de Derecho.
La solución aprobada pasa porque Bruselas pueda captar los 18.000 millones de euros con emisiones de deuda avaladas únicamente por los países de la UE y no con el presupuesto comunitario.
De esta forma, los Veintiséis países de la UE logran sortear así la unanimidad que se requeriría si los avales salieran del presupuesto de la UE.
Esta segunda opción, no obstante, no está descartada, explicaron a EFE fuentes europeas, ante la posibilidad de que Hungría acabe dando marcha atrás y acepte participar en la ayuda financiera a Ucrania.
Bruselas podrá empezar a emitir deuda cuando el Parlamento Europeo apruebe el paquete de ayuda financiera, un requisito para el que no se esperan contratiempos.
Mientras tanto, la Comisión Europea siguió insistiendo ayer en la necesidad de congelar 7.500 millones de euros de fondos regionales a Hungría por sus problemas con el Estado de Derecho.
Esto obligará a celebrar un nuevo consejo de ministros de Finanzas antes de que acabe al año para abordar la cuestión, ya que si no hay una decisión antes del 19 de diciembre el proceso decaerá.
Los socios tendrán que decidir asimismo sobre el plan de recuperación húngaro, aprobado por la Comisión también el miércoles pasado tras haber acordado con Budapest la introducción de 27 reformas relacionadas con el fortalecimiento del Estado de derecho como condición para el inicio del pago de las ayudas.
Si los Estados miembros no lo aprueban formalmente antes de que acabe el año, Hungría perdería el 70 % de los fondos que tiene asignados, es decir, unos 4.600 millones de los 5.800 millones en ayudas directas.
