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Organizaciones de abogados y asociaciones civiles anunciaron que consensuarán con el Congreso de Morelos la presentación de un juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y otros funcionarios, responsables de la seguridad pública. Más tarde, en reunión con legisladores del bloque mayoritario, adelantaron que la causal del juicio sería el cargo de omisión.
Ignacio Reyes Andraca, presidente de la Nueva Asociación de Abogados Morelenses, precisó que buscarían el acuerdo con los diputados para elegir los puntos que soporten la viabilidad del juicio político.
"Vamos a solicitar al Congreso del Estado el juicio político, reformas sustanciales a la Constitución, a las leyes efectivas y la instauración de mesas de trabajo donde seamos convocados los actores de la sociedad civil", anunció en conferencia de prensa.
Más adelante indicó que el juicio político será contra quien corresponda, puede ser el gobernador o cualquier encargado de despacho, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.
"Nosotros estamos llamando al estudio de las probabilidades de un juicio político, no es hacer una denuncia al aire, tenemos que estudiar perfectamente cuáles son las causales y a quién le corresponde. Estamos solicitando el apoyo de ellos (los diputados), porque como se sabe los canales jurídicos inmediatos son ahí", dijo Reyes Andraca.
De acuerdo con el líder de abogados, lo que pedirán a los legisladores es que conforme a los estudios que realicen se generen los juicios políticos correspondientes, porque anteriormente se han presentado otros juicios políticos, pero no han prosperado.
"Este proyecto deberá ser consensuado con los legisladores para que resulte efectivo, para hacer bien las cosas", expuso Reyes Andraca.
En febrero pasado, ante un escenario similar de juicio político, el gobernador de Cuauhtémoc Blanco "reto" a los diputados locales a presentar el juicio político en su contra.
"A muchos les encantaría (la presentación del juicio) porque yo lo he dicho muchas veces, hay muchos intereses mezquinos aquí en el Estado", declaró a la prensa.
En la conferencia de prensa convocada por los abogados, cuestionaron la determinación de una jueza de no vincular a proceso a Luis Alberto Ibarra Ramírez, "El Diablo", considerado por la fiscalía estatal como el presunto responsable del crimen de tres jóvenes, dos de ellos extrabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública.
"Sorprendentemente, ante argumentos que estimamos poco claros, la jueza que conoció de la audiencia de vinculación a proceso de dicho sujeto dictó auto de no vinculación", expusieron los abogados en clara defensa del fiscal Uriel Carmona, cuyo fallo adverso a la institución provocó un enfrentamiento verbal entre el magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea y el titular de la fiscalía.
