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Activistas impugnan las admisiones por herencia en Harvard

Los opositores aseguran que la práctica ya no es defendible sin el contrapeso de la acción afirmativa

El fallo del máximo tribunal dice que las universidades deben ignorar la raza de los solicitantes. (AP)

El fallo del máximo tribunal dice que las universidades deben ignorar la raza de los solicitantes. (AP)

EFE

Un grupo defensor de los derechos civiles está impugnando las admisiones por herencia en la Universidad de Harvard, alegando que la práctica discrimina a los estudiantes de color al dar una ventaja injusta a los hijos en su mayoría blancos de los exalumnos.

La práctica de darle prioridad a los hijos de exalumnos ha enfrentado creciente oposición después de que la Corte Suprema determinó la semana pasada que en la educación superior ya no se puede aplicar la acción afirmativa, una política gubernamental para garantizar la igualdad de oportunidades a todos sin distinción de raza, sexo, edad, religión u orientación sexual. La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus iniciales en inglés) intervino el lunes, solicitándoles a más de 1,000 universidades que sean imparciales en las admisiones y pongan fin a las inscripciones por herencia.

Lawyers for Civil Rights, una organización sin fines de lucro con sede en Boston, interpuso la denuncia de derechos civiles el lunes a nombre de grupos de las comunidades negras e hispanas de Nueva Inglaterra, argumentando que el sistema de admisiones de Harvard viola la Ley de Derechos Civiles.

“¿Por qué estamos recompensando a los hijos por los privilegios y ventajas adquiridas por las generaciones previas?” preguntó Iván Espinoza Madrigal, director ejecutivo del grupo. “El apellido de la familia de uno y el tamaño de su cuenta bancaria no son una medida del mérito, y no deberían tener peso en el proceso de admisiones universitarias”.

Los opositores aseguran que la práctica ya no es defendible sin el contrapeso de la acción afirmativa. El fallo del máximo tribunal dice que las universidades deben ignorar la raza de los solicitantes, destacan los activistas, pero las escuelas aún pueden darles preferencia a los hijos de exalumnos y donantes.

La denuncia, presentada ante la Oficina para los Derechos Civiles del Departamento de Educación, se basa en datos de Harvard que salieron a la luz en medio del caso de acción afirmativa que fue a dar a la Corte Suprema. Los registros revelaron que el 70% de los solicitantes relacionados con donantes o exalumnos son blancos, y que el ser hijo de un exalumno aumenta hasta seis veces la posibilidad de que un solicitante sea aceptado.

La queja hace referencia a otras universidades que han dejado de lado la práctica ante las interrogantes sobre su imparcialidad, como la de Amherst y la Johns Hopkins.

La demanda arguye que la preferencia de Harvard por los hijos de exalumnos no está relacionada de ninguna manera con el mérito y les quita lugares a estudiantes de color que cumplen con los requisitos para ingresar. Solicita al Departamento de Educación que declare ilegal esa práctica y obligue a Harvard a abandonarla mientras la universidad continúe recibiendo fondos federales.

“Un lugar otorgado a un solicitante relacionado con exalumnos o donantes es un lugar que ya no está disponible para un solicitante que cumple con los criterios de admisión basándose exclusivamente en su propio mérito”, asegura la denuncia. Si se retiran las preferencias a donantes e hijos de exalumnos, añade, “más estudiantes de color serían admitidos en Harvard”.

Harvard dijo que no comentaría sobre la denuncia.

“La semana pasada, la universidad ratificó su compromiso con el principio fundamental de que la enseñanza profunda y transformadora, el aprendizaje y la investigación dependen de una comunidad compuesta de personas de diversos antecedentes, perspectivas y experiencias vividas”, indicó la institución en un comunicado. “Como dijimos, en las próximas semanas y meses, la universidad determinará cómo preservar nuestros valores esenciales, apegados al nuevo precedente de la corte”.

La denuncia fue presentada a nombre de Chica Project, African Community Economic Development of New England y la Greater Boston Latino Network.

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