(ARCHIVO)
En el foro "El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el marco de la reforma en materia de simplificación orgánica", en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se alertó sobre los retrocesos en los derechos de estas poblaciones en caso de aprobarse la iniciativa que pretende incorporar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Se estableció que el Sipinna y el DIF son sistemas complementarios, pero totalmente distintos. Uno es el coordinador de políticas públicas y el otro es un sistema de asistencia social encargado de la restitución de derechos.
Sara Oviedo Fierro, experta internacional y exvicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, aplaudió la defensa del Sipinna, ya que es una obligación que asumió el Estado mexicano al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño; de aprobarse la iniciativa habría regresividad de derechos. Debe evitarse el desmantelamiento del Sipinna, pues el DIF brinda servicios concretos, con una mirada asistencial y contraria al enfoque de derechos y no abona a diseñar nuevas políticas públicas.
La relatora de Derechos de la Niñez de la CIDH-OEA, Esmeralda Arosamena de Troitiño, externó su inquietud respecto de que la propuesta de reforma sea motivo de regresividad en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Aseguró que el Sipinna es un modelo de protección, al contar con la dimensión normativa, institucional y articulación en los derechos de la niñez, mientras que el DIF tiene una visión asistencialista y da protección cuando el derecho ha sido violentado.
Karla Irendira Gallo Campos, Oficial Nacional de Protección a la Infancia de UNICEF México, indicó que para fortalecer el Sipinna se requiere que continúe como una Secretaría Ejecutiva y un sistema con carácter deliberativo no consultivo y que las decisiones sean vinculantes. Al existir una coordinación nacional se hace más eficiente el gasto público, se atienden las problemáticas más urgentes y se posibilitan cambios positivos a corto y largo plazo a favor de la niñez y adolescencia, abundó. A su vez, Tania Ramírez, directora ejecutiva de REDIM, resaltó que no se está defendiendo a una institución sino "se defiende una mirada de Estado que pueda garantizar una protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Coincidimos en la defensa del Sipinna, el cual cuenta con un diseño institucional económico y tiene un sistema para coordinar de manera amplia la política pública frente a problemáticas graves como el reclutamiento de niñas, niños y adolescente, desapariciones, niñez buscadora, homicidios y violencia".
La coordinadora general de Pacto por la Primera Infancia, Aranzazu Alonso Cuevas, indicó que no solo es un tema técnico o administrativo, sino se trata de tener políticas bien fundadas para garantizar derechos de la niñez y adolescencia y de prioridad política. Al degradar la figura de Secretaría Ejecutiva se estaría reduciendo esa prioridad; la degradación supone una parálisis política de la realidad actual. No es transferencia de funciones sino condenar al Sipinna a la parálisis y mandar a los niños a la esfera de asistencia social.
Baldomero Gómez de la Cruz, de la Oficina de la Defensoría de la Infancia, afirmó que no hay implicaciones positivas para la protección integral derivadas de la reforma de simplificación orgánica, "solamente observamos implicaciones negativas, de retroceso y debilitamiento de la estructura estatal para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se revive una visión asistencial y tutelar, que debería estar superada, con la inclusión como unidad administrativa en el Sistema Nacional DIF".
