(EL SIGLO DE TORREÓN)
La quinta campestre en donde se realizó el ritual de Ayahuasca en el que falleció un deportista, fue asegurada por la Fiscalía General del Estado (FGE), para preservar evidencias que pudieran ser posteriormente localizadas en el lugar, para ser utilizadas en la investigación.
La Dirección de Protección Civil también cerró el área, por incumplir con las normas de prevención de accidentes, y el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Ayuntamiento aplicó una tercera clausura, por operar sin los permisos y fuera de las normas legales.
Agustín Ramos Pérez, Director de Protección Civil, explicó que el lugar carecía de las medidas de seguridad establecidas por la dependencia, y dijo que se había notificado a todos los negocios con albercas y dedicados a la renta de espacios para eventos, sociales que debían registrarse ante PC, ante el Ayuntamiento y cumplir con los permisos y las normas de prevención.
Agregó que la Fiscalía General del Estado mantiene el área reservada y está prohibido el acceso al lugar, pues pueden existir indicios que la dependencia estatal podría utilizar para las investigaciones de la muerte del joven fallecido.
El delegado de la FGE, Rodrigo Chairez Zamora, dijo que las averiguaciones continúan y no se descartan evidencias ni líneas de investigación, pero rechazó revelar los avances que se llevan.
“Estamos limitados (para revelar información” dijo Chairez Zamora.
La carpeta de investigación se mantiene en reserva y secretismo, por respeto a la víctima, a sus familiares, y para no entorpecer las investigaciones.
Ramos Pérez explicó que el departamento de Desarrollo Urbano tiene reglamentos y debe extender permisos para uso de suelo, pero no le fueron solicitados por los propietarios del lugar, que inició sus operaciones al margen de la ley.
Agregó que hasta donde sabe, todas las clausuras son temporales, pero los propietarios de la quinta, el encino deberán pagar una fuerte multa antes de obtener el permiso para reabrir, además de qué deberá cumplir con todos los requerimientos legales y de seguridad establecidos por las autoridades.
