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El jefe de un grupo de trabajo de la agencia nuclear de la ONU que evalúa la seguridad del plan japonés de arrojar al mar el agua radiactiva tratada de la nucleoeléctrica de Fukushima declaró el viernes que las autoridades reguladoras de Japón han mostrado compromiso para cumplir con las normas de seguridad internacionales.
La preocupación de la comunidad internacional por el plan ha ido en aumento. La semana pasada, el presidente del Foro de las Islas del Pacífico, integrado por 18 países, entre ellos Australia y Nueva Zelanda, manifestó su preocupación por el posible impacto de la radiación del agua en los medios de subsistencia de los habitantes de la región, que padecieron en el pasado por las pruebas de bombas atómicas, y exhortó a Japón a suspender el plan.
“La región se mantiene firme en su postura de que no debe realizarse ningún vertido hasta que todas las partes comprueben por medios científicos que dicho vertido es seguro”, declaró el secretario general del foro, Henry Puna, en un seminario público sobre la cuestión de Fukushima.
La Asociación Nacional de Laboratorios Marinos de Estados Unidos, organización que agrupa a más de 100 laboratorios, también expresó su oposición al plan, por considerar que se carece de datos científicos adecuados y precisos que respalden la afirmación de Japón sobre la seguridad.
Gustavo Caruso, director del grupo de trabajo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), declaró que su equipo visitó esta semana la planta de Fukushima Daiichi y presenció la primera de una serie de inspecciones realizadas por la Autoridad de Regulación Nuclear, el organismo japonés de supervisión nuclear, antes de dar el visto bueno definitivo al vertido.
Dijo que los funcionarios de la autoridad respondieron a todas las preguntas planteadas por el grupo de trabajo y mostraron su compromiso a seguir las normas de seguridad.
El gobierno japonés declaró la semana pasada que es probable que la liberación se inicie en algún momento de la primavera o el verano boreal de este año y se prolongue durante décadas.
Las autoridades reguladoras japonesas son responsables de examinar si los preparativos para el vertido por parte del operador de la central, Tokyo Electric Power Company Holdings, se ajustan a su plan de ejecución aprobado.
Un enorme terremoto y tsunami en 2011 destruyeron los sistemas de refrigeración de la planta de Fukushima Daiichi, provocando la fusión de tres reactores y liberando grandes cantidades de radiación. El agua utilizada para refrigerar los tres núcleos de los reactores dañados, que siguen siendo altamente radiactivos, se ha filtrado a los sótanos de los edificios de los reactores y se ha recogido, tratado y almacenado en unos 1.000 tanques que ahora cubren gran parte de la planta.
El gobierno y TEPCO afirman que los tanques deben retirarse para que puedan construirse instalaciones para el desmantelamiento de la planta. Se espera que los tanques alcancen su capacidad de 1,37 millones de toneladas este año.
La mayor parte de la radioactividad se elimina del agua durante el tratamiento, pero el tritio no puede eliminarse y también quedan bajos niveles de algunos otros radionucleidos. El gobierno y TEPCO afirman que el impacto en el medio ambiente y la salud será insignificante porque el agua se liberará gradualmente tras su tratamiento y se diluirá en grandes cantidades de agua de mar.
Algunos científicos afirman que aún se desconoce el impacto de la exposición a largo plazo y en dosis bajas al tritio y a otros radionucleidos en el medio ambiente y en los seres humanos, por lo que debería retrasarse la liberación. No obstante indican que el tritio afecta más a los humanos cuando se consume en el pescado.
