Ariana García Bosque, asesora jurídica de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN) de Piedras Negras, dio a conocer que han logrado identificar algunos elementos con lo que se atreven a decir que, en todo tiempo la autoridad ha sido responsable de las desapariciones.
"No podemos hablar del tiempo de la delincuencia organizada, sin pensar en que el Estado permitió, que permeara la delincuencia organizada aquí en Coahuila y principalmente en Piedras Negras", indicó la abogada litigante.
Señaló que gracias a que el Estado de Coahuila permitió que permeará la delincuencia organizada, muchos de los hijos y seres queridos de quienes integran la mencionada asociación civil, fueran víctima de la violencia indiscriminada de la delincuencia organizada, sin que el Gobierno impidiera esos eventos.
García Bosque señala que hay una transición, con relación a que el Gobierno del Estado quiere hacer creer que ya no existe más delincuencia en el Estado, donde refiere que la entidad esta blindada y no entrará la delincuencia al Estado.
"Y entonces nos preguntamos: ¿Por qué continúan las desapariciones? Si ya no hay mas delincuencia organizada", fue lo que refirió la representante legal de FAMUN.
Ariana García detalló que han podido documentar la existencia, de una tortura institucional como práctica sistemática y presupuesto permanente de la desaparición forzada en el Estado de Coahuila.
"Y esto quiere decir que, la desaparición forzada y concretamente la tortura, la tenemos que ver más allá de lo que conocemos comúnmente con los golpes", indicó la abogada.
Explicó que todos nos imaginamos que la tortura son los golpes, sin poder identificar que el hecho de que la autoridad no haga su trabajo, somete a las víctimas, a las familias a una tortura emocional de no saber del paradero de sus familiares.
Puntualizó que, al momento de la detención de un ciudadano, se está en la zozobra de que realmente será puesto a disposición de una autoridad, pues por testimonio vivo de víctimas, saben que son torturados, amenazados y luego, puestos a disposición de la autoridad, a quien mejor le fue.
"Y allí identificamos, que no solo son los policías que detienen. Que es el propio ministerio público que forma parte de esta tortura institucional, porque protegen la impunidad de estos policías que detienen, que desaparecen y que torturan", indicó la representante legal de FAMU.
La abogada continúo refiriendo que en esta cadena de responsabilidad hay más actores que se involucran en la tortura institucional, desde defensores de oficio e incluso defensores particulares; así como ministerios públicos, médicos legistas que ocultan la existencia de la tortura y de los abusos por parte de las autoridades.
